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    Corrupción K: clausuran una de las estancias de Lázaro Báez que seguía alquilando pese a los embargos

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    Corrupción K: clausuran una de las estancias de Lázaro Báez que seguía alquilando pese a los embargos

    En el marco de la nueva causa que inició después de detectar que Lázaro Báez daba órdenes desde la prisión de Ezeiza para explotar comercialmente bienes embargados y con pedido de decomiso, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó la clausura cautelar y una consigna policial permanente sobre la estancia «La Entrerriana», uno de los establecimientos agropecuarios del empresario incluidos en la investigación por lavado de activos y asociación ilícita. El expediente tiene como principales imputados al propio Báez, a su pareja Claudia Insaurralde y a Cristian Ibáñez, acusado de actuar como su presunto testaferro y administrador en Santa Cruz.

    Dentro del campo hay animales, ovejas y vacas. El juez envió el inventario a la Corte Suprema que es la garante de los decomisos y ejecuciones.

    La investigación judicial —iniciada el 25 de septiembre de 2026 en Río Gallegos bajo la dirección del fiscal Julio Zárate y la intervención de la PROCELAC— reconstruyó el funcionamiento de una asociación ilícita integrada por doce imputados que operaba bajo las órdenes directas de Lázaro Báez desde el penal federal de Ezeiza.

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    A través de una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal, el empresario —a quien sus subordinados llamaban «Tío»— impartía directivas a su pareja, Claudia Noemí Insaurralde («Tía»), y a su operador de confianza, Cristian Ibáñez, violando la inhabilitación legal que el Código Penal, impone a los condenados para administrar o disponer de sus bienes.

    Lejos de crear sociedades fantasma nuevas, la estructura se dedicó a explotar comercialmente un patrimonio preexistente y judicialmente comprometido por las sentencias firmes de las causas «Ruta del dinero K» y «Vialidad», sustrayendo esos activos de la ejecución de decomisos y embargos mientras mantenía un vínculo operativo con investigaciones por narcotráfico en Santa Cruz.

    Las escuchas telefónicas que se constituyeron como una prueba esencial en este caso que, además, determinó vínculos con una organización criminal, dieron cuenta de cómo el ex socio comercial de Cristina Kirchner, designada administradores, comercializaba propiedades, cerraba contratos de locación, cobraba dinero que eludió todo control judicial.

    El núcleo operativo de esta explotación clandestina se concentró en las estancias santacruceñas Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, establecimientos rurales que formaban parte del entramado empresarial de Austral Agro S.A. y Kank y Costilla S.A. y que estaban sujetos a medidas judiciales de embargo, depósito o decomiso. Desde el Penal de Ezeiza donde cumple una pena unificada de 15 años, Báez conservaba el control fáctico sobre estos campos y sobre su actividad agropecuaria, designando y removiendo encargados a través de Ibáñez para mantenerlos en producción y apropiarse de las rentas por fuera de todo control estatal.

    En las conversaciones interceptadas, el empresario impartía directivas directas a Ibáñez para mover personal entre «La Entrerriana» y «Alquinta», designar encargados y cobrar alquileres por fuera de todo control judicial, manejando un flujo financiero ilícito estimado por la fiscalía en casi 391 millones de pesos.

    Es en este contexto que el juez federal Claudio Vázquez cerró preventivamente el predio frente a dos presentaciones efectuadas por el Ministerio Público. Tras finalizar el relevamiento en el lugar, el fiscal Zárate advirtió que los bienes secuestrados y los animales vivos existentes no podían ser ”trasladados ni alojados en un depósito judicial ordinario, por lo que resultaba indispensable resguardar el campo bajo el artículo 154 del Código Procesal Penal Federal”, detalla la resolución a la que accedió Clarín.

    Durante el operativo en «La Entrerriana», los investigadores completaron un recuento de 96 bovinos y 203 ovinos, además de fajar diversos vehículos y motovehículos hallados dentro del establecimiento. La inspección dejó al descubierto graves irregularidades administrativas y de trazabilidad: se detectaron animales con marcas pertenecientes a otros establecimientos y ejemplares que directamente carecían de cualquier identificación reconocible.

    A este cuadro se sumó una situación crítica respecto del estado de los animales al momento del procedimiento. Ante la falta de agua y la ausencia de personal encargado de su cuidado, la fiscalía debió disponer la liberación al campo de toda la hacienda que permanecía encerrada en los corrales, evidenciando el estado de abandono operativo en el que se encontraba el predio tras el avance de los allanamientos.

    En paralelo, el expediente también dio cuenta de los hallazgos en la estancia «Alquinta» —ubicada a 85 kilómetros al suroeste de Río Gallegos—, donde la fiscalía sospecha que funcionó el apoyo logístico y «búnker» de una banda narco vinculada a la red. Allí se contabilizaron de manera parcial 1.308 ovinos (22 de ellos con señales ajenas) y 6 bovinos con marcas ilegibles o alteradas, junto con vehículos, maquinarias, insumos, armas y un dispositivo DVR, aunque las tareas debieron suspenderse transitoriamente por el período de parición.

    Para evitar el “ocultamiento, la alteración o la sustracción de las pruebas y bienes que quedaron dentro de La Entrerriana», el juez Vázquez dispuso que la clausura cautelar y la consigna policial rigen sin plazo de vencimiento predeterminado y hasta nueva orden judicial.

    Además, el magistrado aclaró que la medida “no altera ni deja sin efecto las disposiciones previas adoptadas por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que ejecuta la pena de la Ruta del Dinero K, en relación con la firma Austral Agro S.A., cuya intervención estatal con participación de la UIF y la AABE había sido impulsada por los fiscales de la causa Vialidad.

    No obstante, la resolución establece que el cierre del establecimiento “no puede traducirse en la desatención de los seres vivos”. Por ello, el juez ordenó que la clausura se ejecute “permitiendo el ingreso controlado —bajo supervisión de la fuerza de seguridad interviniente— de cuidadores, veterinarios, autoridades sanitarias y personal idóneo que deba intervenir legítimamente para asistir a la hacienda”.

    En esa línea, el fallo delegó expresamente en el Ministerio Público Fiscal la responsabilidad de arbitrar, coordinar y supervisar todas las diligencias necesarias para garantizar la subsistencia y el bienestar animal tanto en «La Entrerriana» como en «Alquinta».

    En consecuencia, el fiscal Zárate deberá “asegurar el suministro regular de agua apta, alimentación adecuada, controles sanitarios, atención veterinaria y resguardo climático, poniendo especial foco en los animales gestantes, en parición o lactancia y en las crías recién nacidas”.

    Como medida complementaria, el juez Vázquez ordenó comunicar formalmente el inventario de los animales y bienes relevados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “en cumplimiento de la Acordada CSJN N.º 22/2025, y poner en conocimiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia las dificultades operativas que atraviesa la hacienda ovina por la época de parición”.

    Según los informes financieros analizados por el fiscal Zárate que auditó los movimientos bancarios de Ibáñez y de otro integrante de la red, Jorge Manuel Ulloa, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 se registraron 677 operaciones —de las cuales 662 fueron acreditadas— por un monto de $380.620.089.

    El flujo financiero consolidado documentado por la fiscalía asciende a aproximadamente $390.880.000, una cifra equivalente a unos 980 salarios mínimos que multiplica más de seis veces el umbral legal exigido para configurar el delito de lavado de activos, sin siquiera computar el valor inmobiliario de los campos y propiedades administrados.

    Incluso al analizar de manera aislada los movimientos propios de Ibáñez dentro de ese universo bancario, los giros alcanzaron los $65.305.267, superando por sí solos el piso previsto por la ley penal.

    Sólo por los campos, Lázaro Báez consignó el cobro de alquileres por 94 millones de pesos.

    Para disimular el origen de los fondos generados por la explotación clandestina de los bienes, la organización desplegó un esquema clásico de estratificación e integración financiera.

    Los investigadores detectaron maniobras de fraccionamiento en serie —como siete transferencias por $6.900.000 ejecutadas en apenas cuatro minutos y quince segundos—, autotransferencias masivas entre cuentas de Ulloa por $165.161.408 (que representaron el 63% de sus egresos) y la utilización de cuentas de terceros sin capacidad económica acreditada, además de desvíos hacia el sector de los juegos de azar.

    En el tramo final del circuito, el dinero reciclado era inyectado en el circuito formal mediante remesas directas a Insaurralde —se documentaron seis envíos por $5.100.000— y a través de una explotación agropecuaria utilizada como pantalla cuya actividad declarada ni siquiera incluía la producción de lana.

    A su vez, la investigación detectó puntos de contacto entre esta logística rural y causas vinculadas al narcotráfico, como el secuestro en el control de Güer Aike de un camión Scania con documentación apócrifa y la mención de maquinaria atribuida al «tío Lázaro» en Corrientes.

    Además de las estancias, el circuito de administración ilegal abarcó un extenso listado de propiedades urbanas y comerciales de alto valor en Santa Cruz que seguían generando ingresos para la organización.

    Entre los bienes relevados figuran las unidades funcionales del edificio de la calle Zapiola N° 55 y un inmueble situado en la calle Córdoba N° 45 de Río Gallegos, propiedad que incluso ya había sido transferida formalmente a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de los decomisos dictados por la Justicia federal.

    El esquema de recaudación también incluía el cobro de alquileres comerciales pactados con las firmas Prexa S.R.L., Cedimag S.A. y Centro Médico La Trinidad S.A., así como el control sobre un inmueble ubicado sobre la costanera de El Calafate.

    La ambición patrimonial de la red no se limitaba al cobro de arrendamientos y a la explotación ganadera de las estancias, sino que avanzaba hacia la liquidación clandestina de activos que debían estar bajo custodia judicial.

    En ese sentido, los investigadores documentaron una negociación en curso pactada el 28 de agosto de 2026 por $250.000.000 para disponer de dos galpones pertenecientes al acervo comprometido, confirmando la capacidad de maniobra del grupo para intentar desprenderse de bienes interdictos. Sobre el conjunto de estas propiedades —incluyendo las estancias Alquinta y La Entrerriana, el predio de Kank y Costilla S.A. y el propio pabellón donde se aloja Báez— el fiscal Zárate requirió órdenes de allanamiento, secuestro, embargos e inhibición general de bienes para frenar definitivamente el vaciamiento del patrimonio decomisado.

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    Fuente: Clarín – Política — ver publicación original.

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