La Cámara de Diputados iba a sesionar este miércoles desde las 12 para votar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y para sancionar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos de los proyectos bandera del presidente Javier Milei, pero los aliados del Gobierno no dieron quórum.
La sesión especial pedida a las 12 era la primera de las dos últimas del período ordinario: la otra, prevista para el miércoles 25, está reservada para el Presupuesto 2027, que obtuvo dictamen ayer. Con solo 126 presentes pasadas las 12.30, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por concluida la sesión.
“Hicimos quilombo”, se enorgulleció uno de los aliados del oficialismo a la salida del recinto. Ya desde temprano empezaron a haber sospechas de parte de distintos diputados de la oposición que, pese a que parecía asegurado el quórum, no veían “pasión por la sesión” de parte de La Libertad Avanza. La expresión de los libertarios, de todos modos, fue de derrota y enojo: el cimbronazo no se lo vieron venir.
El motivo de la caída se trató de una ensalada de pases de facturas que combinan varios frentes abiertos. Por un lado, el acuerdo por el Consejo de la Magistratura. En Diputados, Menem resolvió darle la cuarta silla al PRO: el jefe de bloque, Cristian Ritondo, quiere poner como candidata a Florencia Di Sensi. El rumor de pasillo es que ese fue el acuerdo para que el PRO apoye la suspensión de las PASO, algo que oficializó el partido en un comunicado el martes por la mañana.
Del otro lado, el bloque de Provincias Unidas reclama ese lugar en el Consejo para el cordobés Juan Brugge puesto que su bloque tiene mayor número de bancas que el PRO, con 18 contra 12 miembros. Ya a principios del año legislativo, cuando varios diputados del PRO se fugaron al bloque de La Libertad Avanza para conformar la primera minoría, Ritondo armó un interbloque de 22 miembros con la UCR, el MID, Karina Banfi y Por Santa Cruz para conseguir más lugares en las comisiones y ese es el número con el que busca imponerse en el Consejo.
Esa discusión, que también sigue sin resolverse en el Senado porque el peronismo se disputa el lugar con el oficialismo, derivó en que todos los diputados de Provincias Unidas -donde influyen los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro– se ausentaran a la sesión de hoy con la sola excepción de la cordobesa Alejandra Torres.
Otro frente abierto que derivó en esas ausencias es la disputa por la ley de Biocombustibles. Córdoba y Santa Fe tienen las aceiteras grandes e integradas y apoyan el texto que votó el Senado y presionan para que salga ya, pero el proyecto está frenado en comisión por las objeciones del PRO, que defiende a las pymes del biodiésel de Buenos Aires y La Pampa. Entonces, para Llaryora y Pullaro, el PRO les bloquea una ley que les importa y además se quedaría con el lugar que ellos reclaman en el Consejo. Los dos temas terminan en el mismo enojo.
Además, se ausentaron los aliados del MID: Oscar Zago y Eduardo Falcone, quienes habían conseguido meter concesiones en los proyectos que se iban a tratar pero reclaman que en la reforma política no quede el límite de afiliados que propuso el Gobierno para la conformación de partidos políticos, que los afectaría.
En la oposición también remarcaron el poco interés de La Libertad Avanza de avanzar sobre la ley de Soberanía Nacional por la interna con el asesor presidencial, Santiago Caputo, el principal impulsor del texto. “Veo pocas ganas de los Karina boys”, fue el mensaje que trascendió en un chat del Unión por la Patria horas antes de que comience la sesión, en donde debatían la posibilidad de que se caiga.
El Cronista supo que, incluso, uno de los diputados de UP en los últimos días le fue a hablar a Sebastián Pareja, diputado cercano a los Menem y a Karina Milei, para convencerlo de que no debía prestarse a apoyar el proyecto tras la oleada de operaciones mediáticas que trascendían del otro lado de la interna. El diputado, no obstante, bajó a dar quórum: a las 12.29 estaba sentado en su banca.
Más allá de la falta de quórum, el proyecto llegaba al recinto sin acuerdo sobre el título VII, que modifica los códigos Electoral y Penal. El Gobierno había reemplazado la figura de “campañas coordinadas de desinformación masiva” por la de “campaña de injerencia extranjera”, con penas de 5 a 12 años de prisión para quien organice o financie acciones clandestinas, engañosas o coercitivas que oculten un vínculo con un agente extranjero.
Las objeciones llegaban de los propios socios del oficialismo. Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) cuestionó los cambios penales sobre la expresión, mientras que Mónica Frade (Coalición Cívica) advirtió sobre el riesgo de que la norma se convierta en un instrumento de control social y político del Ejecutivo.
El título I, que contaba con un respaldo cercano a la unanimidad, deroga la Ley 26.659 y extiende el régimen de sanciones a cualquier recurso natural explotado sin autorización argentina en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos. Prevé prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para contratar con el Estado.
El dictamen había recortado lo que objetó el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ante Milei por el impacto sobre compañías norteamericanas, aunque la Casa Rosada negó presiones. Quedaron exceptuados los accionistas con hasta el 2% del capital y los fondos de inversión sin discrecionalidad sobre sus activos.
El resto del articulado crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente, al que los aliados sumaron el Ministerio de Seguridad y la participación de los titulares de ambas cámaras y de los gobernadores. Sus medidas urgentes, como congelar fondos o restringir operaciones cambiarias, quedarían sujetas a revisión judicial y deberían informarse al Congreso en 48 horas.
Por este último punto es que se ausentaron los de Catamarca, que hace tiempo se “independizaron” del gobernador Raúl Jalil. “La soberanía sobre Malvinas no está en discusión. Creemos que merece una ley propia, y no un proyecto que además reforma defensa, seguridad e inteligencia, temas que conviene discutir por separado. Por eso decidimos no dar quórum a este texto tal como está”, expresó Sebastián Noblega.
El texto incorpora además un régimen de derribo de aeronaves hostiles y redefine la defensa nacional para incluir amenazas no estatales e híbridas, una redacción que la oposición interpreta como una ampliación del rol de las Fuerzas Armadas. Como contrapeso, los aliados consiguieron una comisión bicameral de seguimiento.
Este también era un punto polémico ya que el Consejo estaría conformado por las áreas que controla satelitalmente Santiago Caputo, como la SIDE, Defensa, Cancillería y Economía. “Es crear un estado paralelo”, se habían quejado miembros desde el propio oficialismo. La línea de La Libertad Avanza fue apoyar el proyecto porque lo pide el Presidente, pese a que algunos diputados sospechan que esos reparos por la interna llevaron a que se termine cayendo.
La caída de la sesión también posterga la reforma de la Carta Orgánica, que estaba a un paso de la sanción en segunda revisión. El cambio central que introdujo el Senado está en la remoción del directorio: Diputados exigía dos tercios de ambas cámaras y la Cámara alta lo bajó a mayoría absoluta del Senado, sin intervención de Diputados. Como el Senado lo aprobó por 46 votos contra 22, por encima de los dos tercios, Diputados necesitaba la misma mayoría para insistir con su versión. Menem no consiguió el apoyo del peronismo, por lo que el oficialismo iba a aceptar el texto del Senado.
La reforma fija como misión central “la preservación del valor de la moneda nacional” y prohíbe al BCRA financiar al Tesoro. El punto más cuestionado por la oposición es la posibilidad de usar reservas, como oro y bonos, como garantía en operaciones de financiamiento internacional. La sanción era además el paso previo para que el Gobierno avance en el Senado con el pliego de Santiago Bausili, a quien busca ratificar al frente de la entidad.
El temario incluía también el tratado de libre comercio entre la EFTA y el Mercosur, el traspaso de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires y un cambio en la ley pyme para que las cooperativas accedan al certificado MiPyME.
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Fuente: El Cronista — Nacionales — ver publicación original.












