En el país vecino, “a nadie se le ha pasado por la cabeza, o ha manifestado públicamente”, que ese procedimiento “pueda ser calificado como ‘golpe de Estado’ ”, afirma el autor. En Argentina hay una veintena de pedidos similares contra el Presidente y funcionarios pero no se dio paso alguno para instrumentarlos.
El reciente juicio político seguido contra el Presidente de la República de Paraguay demuestra que cuando las instituciones, en particular el Poder Legislativo, funcionan con sujeción a las previsiones de su Constitución Nacional, el juicio político, muy similar al previsto por nuestra Constitución Nacional, es la forma de obrar para asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, así como debe destacarse la presteza y contundencia con que se operó para el saneamiento institucional y la debida responsabilización por el mal desempeño y/o la comisión de delito en ejercicio de la función pública.
En efecto, a nadie le ha pasado por la cabeza, o manifestado públicamente, que este juicio político pueda ser calificado como “…golpe de Estado…”
Bien por el contrario, el rechazo de la renuncia presentada por el entonces Presidente, de inmediato de estallar el escándalo financiero, ameritó su rechazo unánime en la Cámara de Diputados, y la formalización inmediata de la acusación, también unánime, elevada a la Cámara de Senadores, la que con igual presteza dispuso la separación del cargo y hacer conocer su resolución al Poder Judicial de la Nación, para el debido enjuiciamiento de la conducta del ex Presidente., hoy bajo arresto domiciliario para evitar su huída u obstaculizar el funcionamiento del proceso penal.
Se constituye, sin duda, en un ejemplo de preservación y saneamiento de la institucionalidad, infectada de corrupción operada desde el poder político y con un entramado corrupto de altos funcionarios públicos, cuya coautoría o participación delictiva deberá determinarse por el proceso judicial.
El ostracismo institucional del actual Gobierno Argentino
Inversamente, en el caso argentino, el Presidente de la Nación y funcionarios del poder político-administrador colectan una veintena de pedidos de juicio político, sin que la Cámara de Diputados y su Comisión de Juicio Político, presididas por el Dr. Martín Menem y por la Diputada Lilia Lemoine, respectivamente, hayan articulado paso alguno para su tratamiento, conforme previsto por el art. 53 de la C.N., y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
El crimen mayor es aquel que se comete a conciencia de su impunidad…”
En la misma medida del silencio e inactividad cómplices de estos representantes del pueblo de la Nación, el desquicio institucional, el endeudamiento corrupto e irresponsable, la entrega de nuestra soberanía territorial, legislativa y jurisdiccional, y de nuestras riquezas y recursos naturales, de titularidad del pueblo de la Nación (arts. 1.2, Pactos internacionales de Derechos Humanos de la ONU), marcan el quiebre del Estado de Derecho y la instalación de un genocidio silencioso del hambre para amplios sectores de población en situación de vulnerabilidad, bien puestas de relieve y condenada por la palabra, intachable y fundada, del Papa León XIV.
Debe hacerse un llamamiento a los integrantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial de la Nación, para que cumplan con la manda del art. 36 de la C.N:, de obediencia a la supremacía constitucional, y cumplir con los compromisos estatuidos en el Preámbulo Constitucional, del bienestar general y el afianzamiento de la justicia.
Como sentenciara T. Hobbes en su obra “Leviatán”, frase incorporada en la obra de la ONU, “El Nacimiento del Humanismo”, “…el crimen mayor es aquel que se comete a conciencia de su impunidad…”
Señores representantes del pueblo de la Nación Argentina, y jueces del Poder Judicial de la Nación: NUNCA MÁS.
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