Organizaciones estudiantiles y gremios realizarán una marcha de velas este miércoles desde Plaza Houssay hasta Tribunales. Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario tras el plan de lucha anunciado por FATUN.
Este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hs, habrá una marcha de velas para exigir el cumplimiento del Financiamiento Universitario,por parte de distintas organizaciones y gremios universitarios, en Plaza Houssay, entre las calles Córdoba y Junín.
Bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, la concentración contara con la presencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con los gremios docente y no docente de la UBA (ADUBA y APUBA) y diversos centros de estudiantes.
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La marcha contará con una programación de tres partes: a las17 se reunirán las distintas partes en la plaza, a las 18 comenzará la movilización hacia el Palacio de Justicia en Tribunales y por último, a las 19 habrá una clase pública de una hora de Derecho Constitucional, que es cuando se encenderán las velas.
La citación a la marcha llega después de que la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) llamara a 3 paros de 24 horas en días separados para exigir también el financiamiento a las universidades públicas, cuya Ley se ha aprobado y el Ejecutivo ya apeló, generando descontento en los círculos facultativos.
El gremio no docente anunció tres paros de 24 horas en las universidades públicas en reclamo de mejoras salariales
La FATUN activó un plan de lucha para el martes 3, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre ante la falta de acuerdo paritario y el freno a la Ley de Financiamiento Universitario.
La contundente medida de fuerza fue oficializada tras la reunión del Consejo Directivo de la FATUN, donde se resolvió un cese total de tareas del personal no docente en todas las casas de altos estudios del país. La dirigencia sindical remarcó la necesidad de «continuar con un plan de lucha hasta que el Gobierno Nacional entienda que la sociedad argentina quiere un futuro con educación», dejando en evidencia el malestar acumulado en el sector por el deterioro de los ingresos.
El eje central del reclamo exige de manera «urgente» a la gestión del presidente Javier Milei la inmediata recomposición salarial, la actualización del presupuesto destinado a la investigación y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la Federación enfatizaron la postura del colectivo de trabajadores al manifestar: «Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública».
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La medida extrema responde a la parálisis en las negociaciones paritarias y al escenario de conflicto judicial respecto a la norma aprobada y ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso. La gestión de Milei sostiene una postura de incumplimiento frente a la ley bajo el argumento de la falta de previsión presupuestaria y el impacto fiscal negativo, habiendo supeditado su aplicación mediante el Decreto 759/2025 a que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento.
A pesar de que el Fuero Contencioso Administrativo declaró inconstitucional dicho decreto y ordenó su acatamiento inmediato para avanzar con la actualización salarial de docentes y no docentes junto al refuerzo de becas estudiantiles, el Ejecutivo logró que la Justicia revise sus recursos de apelación interpuestos para no aplicar la norma.
Un informe técnico sostiene que se puede financiar la Ley Universitaria sin alterar el superávit fiscal
Un estudio elaborado por la consultora Zentrix indica que el proyecto de Presupuesto 2027 contiene recursos sin asignación específica por casi $6 billones que permitirían cubrir los costos de recomposición salarial y presupuestaria, equivalentes a entre el 0,18% y el 0,26% del PBI.
La viabilidad financiera para cumplir con la Ley 27.795 quedó en el centro del debate económico y político mientras se desarrolla el plan de lucha de las universidades. El informe titulado Financiamiento universitario: cuánto cuesta cumplir la Ley 27.795 y dónde están los fondos en el Presupuesto 2027, difundido el pasado jueves 15 de octubre, detalla que la aplicación integral de la norma demandaría un adicional de entre $2,45 y $3,65 billones durante el próximo año.
Para dimensionar el impacto, el análisis contrasta esas cifras con los $5,93 billones identificados dentro de las planillas oficiales como fondos sin asignación específica. Según explicó a PERFIL Claudio Montiel, director de Zentrix, estas partidas forman parte de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro, cuyo presupuesto total trepa a $14,81 billones con un alza real del 116,9%, y funcionan técnicamente como una reserva gubernamental de libre disponibilidad ante eventuales desvíos económicos. El economista señaló que, de esos casi $6 billones, el Gobierno solo debería reasignar una porción para cubrir los requerimientos de la ley.
En detalle, las necesidades financieras planteadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculan un total de $11 billones para el funcionamiento general y los salarios del sistema, superando ampliamente los $7,35 billones previstos originalmente en el artículo 12 del proyecto oficial. En un escenario de cumplimiento parcial ligado a la medida cautelar judicial vigente, el costo adicional se reduce a un rango de entre $1,8 y $2,2 billones.
La consultora sostiene que la controversia no radica en la inexistencia de recursos, sino en la asignación de los mismos. La reasignación de partidas permitiría cubrir el costo completo utilizando el 41% de dichos fondos no asignados, o el 62% para alcanzar los $11 billones requeridos por el CIN, sin modificar el resultado fiscal proyectado ni alterar el superávit primario del 1,1% del PBI previsto por la administración de Javier Milei. Sin embargo, el estudio advierte que esto reduciría el margen del Ejecutivo para atender otras contingencias y requeriría recortar otras aplicaciones en igual magnitud.
La urgencia del reclamo se cruza con el marcado deterioro de los ingresos del sector. De acuerdo con el relevamiento, los salarios universitarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre el 22% y el 26% en comparación con noviembre de 2023, pese a la recomposición del 24,33% acordada en junio de 2026 y el incremento en los gastos de funcionamiento. Esta crisis salarial derivó en la renuncia de unos 10.000 docentes y afectó directamente a la investigación y a los hospitales universitarios, dado que entre el 87% y el 90% del presupuesto de las casas de altos estudios se destina al pago de haberes.
En el plano legal e institucional, la Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en 2025 tras insistir con los dos tercios frente al veto inicial del Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025. Pese a que el Gobierno la promulgó con el Decreto 759/2025, suspendió su ejecución alegando falta de previsión de fuentes de financiamiento. Tras los fallos del Fuero Contencioso Administrativo que declararon inconstitucional dicha suspensión y ordenaron el cumplimiento inmediato de la recomposición salarial y de las becas estudiantiles, la administración central interpuso recursos de apelación que mantienen la causa bajo disputa judicial, posicionando al debate parlamentario del Presupuesto 2027 como una alternativa legislativa directa para destrabar el conflicto.
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