El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, citó a las autoridades de los bloques dialoguistas para intentar acordar un cronograma que le permita avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2027. Sin embargo, en medio de la conversación, se coló la denominada Ley de Soberanía Nacional y los pedidos de cambios de los diferentes bloques.
La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría, y el oficialismo consiguió incorporarla al temario de la sesión prevista para el próximo miércoles 18 de noviembre, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, los bloques dialoguistas reclamaron modificaciones al texto antes de acompañarlo en el recinto. Uno de los puntos que más incomoda a la oposición es el Capítulo VII, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”, que introduce cambios en los códigos Electoral y Penal de la Nación.
Hasta ahora son muy pocos los cambios que fue aceptando el oficialismo, que se mantiene poco permeable a modificaciones. En el Título II eliminaron el concepto de “seguridad nacional” y lo reemplazaron por el de “asuntos estratégicos”. Esto aplica también al nombre del Consejo de Seguridad Nacional, que pasa a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos.
Sin embargo, el cambio de nombre no modifica la composición. Sigue estando en cabeza del presidente de la Nación y lo conforman los ministros y la SIDE, todos a tiro de decreto de ser removidos por el jefe de Estado.
En lo que respecta a la intervención de este Consejo en la seguridad interior —otro punto que genera malestar en algunos sectores, ya que podría tomar decisiones sin pasar por el Congreso de la Nación, como por ejemplo establecer el estado de sitio—, se incorporó una salvedad: debe darse intervención al Ministerio de Seguridad en las reuniones que celebre el Consejo, en calidad de miembro no permanente.
Aunque se aceptó la creación de una comisión de seguimiento del Congreso, se establece que esta es secreta, por lo que los informes que se soliciten —como, por ejemplo, el derribo de una aeronave o el hundimiento de un buque— no serán de conocimiento público.
Hubo otro reclamo de los bloques que acompañarían el proyecto que no fue escuchado por La Libertad Avanza, vinculado al Título VII, denominado “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”.
Ese título del dictamen de mayoría introduce un paquete de reformas centrado en la injerencia extranjera y la seguridad electoral. Prohíbe el financiamiento de campañas políticas por parte de personas humanas extranjeras sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras, con multas de hasta diez veces el monto aportado. A su vez, modifica el Código Penal para endurecer las penas contra funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia que faciliten operaciones extranjeras contra la seguridad nacional, y crea nuevas figuras delictivas: el espionaje a favor de un Estado extranjero (penas de 5 a 20 años), el apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia (3 a 10 años), la organización o financiamiento de “campañas de injerencia extranjera” o actos de sabotaje (5 a 15 años), y el encubrimiento de estos delitos por parte de funcionarios con conocimiento directo de los hechos (1 a 6 años).
En este aspecto, Menem y los demás legisladores libertarios fueron claros con sus colegas: no hay intención alguna de eliminarlo.
Se espera que este proyecto de ley vaya al recinto la semana próxima, junto a otros que ya cuentan con media sanción, como la reforma del BCRA, el Mercosur-EFTA, el Acuerdo de Montevideo y el traspaso de la justicia federal a CABA.
De aprobarse, y teniendo en cuenta que el giro al Senado llevaría no menos de 48 horas, no quedaría plazo para que pueda ser sancionado antes de que termine el período de sesiones ordinarias, por lo que sería uno de los temas que la Casa Rosada incluiría en el temario para las sesiones extraordinarias.
