Las retenciones en favor de mutuales, gremios y entidades financieras alcanzan a miles de salarios de los empleados públicos. Foto: M.Ochoa
El gobierno provincial anticipa que la semana próxima publicará finalmente el decreto de desendeudamiento estatal, que fijará topes a los descuentos salariales y condiciones para renegociar las deudas con las entidades acreedoras. Mientras tanto, UPCN presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Hacienda para exigir información y cuestionar aspectos que trascendieron del plan oficial.
En su nota, esa organización estatal reclamó prioridad para las mutuales y sindicatos cuando deban suspenderse retenciones porque se supere el límite que establezca la Provincia.
UPCN, entre otros gremios, mutuales y financieras, integra la nómina de 14 entidades que disponen de códigos de descuentos salariales. Además de la cuota sindical, esa agrupación retiene pagos por órdenes de compras y préstamos otorgados a los agentes públicos.
La organización advirtió que la iniciativa impactará directamente en los ingresos estatales y cuestionó que se avance con una medida de ese alcance sin participación de los sindicatos.
“Es inaceptable que se defina sin participación sindical una medida que impacta sobre los haberes de un tercio del personal provincial”, sostuvo UPCN en el escrito enviado al ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez.
El decreto todavía no fue formalizado, aunque trascendieron algunos aspectos del programa. Entre ellos, la fijación de un tope a las retenciones que oscilaría entre el 30% y el 50% de los haberes y la convocatoria a las entidades acreedoras para acordar pautas generales de renegociación de montos y plazos con los trabajadores.
UPCN reclamó precisiones sobre aspectos centrales del programa y planteó interrogantes sobre su instrumentación.
El porcentaje máximo de descuento. El borrador oficial contempla alternativas que van desde un tope fijo del 30% o el 33% hasta uno del 50%, con una reducción progresiva. UPCN pidió conocer el límite definitivo, la base de cálculo —salario bruto, neto o neto de descuentos legales— y los códigos alcanzados. También anticipó su rechazo a un límite “flexible” o a reducciones progresivas sin garantías para los trabajadores.
La vigencia de la medida. El Gobierno preveía aplicar el esquema con los haberes de noviembre. El sindicato pidió precisiones sobre los plazos de implementación y preguntó qué ocurrirá con los descuentos vigentes que superen el límite establecido.
La prioridad para gremios y mutuales. UPCN exigió que se informe qué descuentos se suspenderán cuando un trabajador supere el tope de retenciones. Advirtió que no deben resultar perjudicadas las mutuales y los sindicatos que “brindan servicios solidarios a sus afiliados”, mientras se mantienen “intactos los compromisos con los grandes acreedores financieros”.
Las condiciones de renegociación. El plan oficial contempla reuniones con las entidades acreedoras para acordar reglas de revisión de las deudas de los estatales. UPCN reclamó garantías de que las renegociaciones serán voluntarias e individuales, y de que ningún agente sufrirá presiones ni perderá servicios por no adherir.
El tratamiento de las deudas bancarias. El gremio preguntó si los topes también alcanzarán al Banco Patagonia, agente financiero de la Provincia. Advirtió que, si las obligaciones quedan fuera del esquema, los pagos podrían trasladarse a “débitos bancarios directos, sin tope ni control y con mayores costos” para los trabajadores.
El centro de autorización de endeudamiento. Hacienda prevé implementar un mecanismo de autorización previa para que los estatales asuman nuevos compromisos financieros. UPCN solicitó información sobre su funcionamiento, el plazo de implementación, las tasas y condiciones admitidas y la participación sindical en los controles.
Al cierre de su presentación, la organización que conduce Juan Carlos Scalesi reclamó una respuesta y solicitó una reunión urgente con las entidades sindicales antes de la firma del decreto. Además, advirtió que, si no obtiene respuestas, se “reserva el derecho de impulsar medidas administrativas, institucionales y judiciales” en defensa de los trabajadores que representa.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
