El proyecto de Presupuesto 2027 prevé destinar el 50% de los recursos municipales a obras públicas e infraestructura. Foto: Emiliano Ortiz.
El intendente Mariano Gaido apunta a modificar el artículo 53 de la Carta Orgánica: los convencionales que redactaron la norma establecieron una integración inicial de 17 concejales y diseñaron una escala para que el número aumentara a medida que creciera la población. La regla llega hasta un máximo de 30 bancas. Ahora, el intendente propone modificar ese horizonte y establecer en 20 el límite definitivo.
No es un detalle menor. La Carta Orgánica fue pensada para una ciudad que podía seguir creciendo y estableció una relación entre población y representación.
Gaido propone cortar esa progresión antes. Con la población actual, la ciudad se encamina a tener 20 concejales. La iniciativa busca que ese número deje de ser un escalón y se convierta en un techo. Es decir, aunque Neuquén vuelva a aumentar considerablemente su población, el Concejo no acompañaría ese crecimiento con nuevas bancas.
Ahí aparece la primera diferencia entre el discurso y el efecto concreto. No se trata de reducir ahora la cantidad de concejales, sino de impedir que aumente en el futuro. Por eso, el impacto inmediato sobre el gasto municipal será limitado. La bandera del ahorro es, sobre todo, una bandera política.
Hay un dato que permite dimensionar la discusión. El presupuesto municipal 2026 ronda los $557.000 millones y el 2% está asignado al conjunto de los organismos descentralizados, categoría que incluye al Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo y la Sindicatura. Esos aproximadamente $11.140 millones no corresponden exclusivamente al Concejo. La información presupuestaria disponible no permite establecer cuánto representa específicamente el funcionamiento del cuerpo legislativo.
La otra discusión es política. El actual Concejo tiene 18 integrantes distribuidos en 12 bloques. Esa fragmentación puede ser vista como un problema para construir mayorías, pero también como una expresión de la diversidad política de una ciudad que ya no tiene el sistema de partidos de décadas anteriores.
La experiencia argentina aconseja desconfiar de las reformas políticas presentadas como soluciones simples. Inés Pousadela, al estudiar los intentos de reforma entre 1997 y 2007, recuperó una definición de Raúl Granillo Ocampo: “Es muy difícil que la reforma política pueda producirse a corto plazo, puesto que quienes tenemos que proveerla somos, a la vez, beneficiarios de este sistema”. Su trabajo muestra que muchos proyectos quedaron en el camino y que las reformas concretadas después de la crisis de 2001 quedaron lejos de transformar el sistema como se esperaba.
Gaido llega a esta discusión en el último tramo de sus ocho años de gestión, después de haber construido buena parte de su identidad política alrededor de la obra pública. Más del 40% de los recursos municipales se destinan a obras. En una ciudad que crece y que atraviesa una etapa de fuerte inversión, el intendente necesitaba también una bandera política para cerrar su ciclo de gobierno. El costo de la política ofrece esa posibilidad.
Los convencionales establecieron un máximo de 30 porque imaginaron una ciudad que podía crecer hasta necesitar esa representación. Gaido propone que la ciudad pueda crecer, pero que su representación legislativa no lo haga después de llegar a 20. Es una decisión política legítima que deberá ser discutida y votada. No es, sin embargo, equivalente a una reducción del gasto actual.
El proyecto de Gaido puede convertirse en una reforma de las reglas de representación. Pero si se lo presenta solamente como una reducción del costo de la política, corre el riesgo de prometer un ahorro que los números disponibles todavía no permiten dimensionar. La épica puede ser política. El ahorro, en cambio, necesita una cuenta.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
