El gasto público descendió 5,1 puntos porcentuales del PBI entre 2023 y 2025, alcanzando el 14,4% del Producto. Este nivel representa el registro más bajo de la última década y equivale a una reducción cercana al 25% respecto al gasto del año anterior.
Según el análisis de Fundación Libertad, el ajuste fiscal impulsado por el actual gobierno se enfocó especialmente en partidas ajenas a las políticas de ingresos y prestaciones sociales. La obra pública fue la más afectada, al caer 1,24% del PIB, situándose cerca de mínimos históricos.
Las prestaciones sociales no contributivas, excluyendo jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares, retrocedieron 1,12% del PIB. Los subsidios económicos —que abarcan energía y transporte— pasaron a representar cerca del 1% del PIB, la mitad del nivel registrado en 2023.
Los salarios públicos y las transferencias corrientes a provincias y universidades reflejaron caídas parecidas, de aproximadamente 0,7% del PIB cada una.
En contraste, las jubilaciones y pensiones aportaron solo una reducción de 0,13% del PIB. Sin embargo, su valor real se encuentra por debajo del de años anteriores. La única partida que exhibió crecimiento real fue la de asignaciones familiares y AUH, que se incrementaron 0,22 puntos porcentuales del PIB.
Considerando valores constantes de diciembre de 2025, los fondos para AUH y asignaciones familiares crecieron de 8,3 billones de pesos en 2023 a 10 billones en 2025, lo que implica un alza real cercana al 20%.
La caída de los subsidios económicos se mantuvo sostenida durante los dos últimos años. Fundación Libertad señaló que la suma destinada en 2025 llegó al 1% del PIB, por debajo del 1,4% de 2024 y casi la mitad del 2% de 2023. Entre 2020 y 2023, los subsidios superaron el 2% del PIB.
En este lapso reciente, los subsidios energéticos bajaron hasta representar alrededor del 0,6% del PIB y los referidos al transporte disminuyeron hasta el 0,3%, cerca de la mitad en solo dos años.
La composición del gasto público muestra transformaciones notables. El peso de las partidas sociales —jubilaciones, asignaciones familiares, AUH y pensiones— aumentó desde poco más del 54% del total del gasto en 2023 hasta alcanzar el 66% en 2025.
En paralelo, los recursos asignados a transferencias corrientes y obra pública se redujeron de forma considerable.
El rediseño en la distribución del gasto público refleja un cambio de prioridades: la protección social gana centralidad, mientras se recortan recursos para subsidios, obras y transferencias a provincias y universidades.
Fundación Libertad destaca que esta nueva estructura marca el inicio de una etapa fiscal caracterizada por la menor participación de partidas alejadas de los beneficios sociales.
De acuerdo también a un informe de Analytica, en 2025 el gasto público se mantuvo en mínimos históricos, con una variación anual leve que fue de apenas 0,1% una vez descontada la inflación.
Los mayores aumentos del gasto se concentraron en las transferencias corrientes a las provincias, que crecieron un 22%, impulsadas principalmente por las erogaciones asociadas al cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 a favor de la Ciudad de Buenos Aires, cuya ejecución comenzó en septiembre de 2024. También se registró un incremento en el gasto en bienes y servicios, con una suba del 14,2%.
El gasto en asignaciones familiares y por hijo registró un incremento del 12%. Este aumento se atribuye principalmente al crecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que subió un 18,9%. En contraste, las asignaciones familiares presentaron un alza del 2%.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, esta partida muestra una tendencia ascendente, lo que se refleja en el poder adquisitivo de los beneficiarios. Según el economista Nadin Argañaraz, la AUH duplicó su capacidad de compra en los últimos dos años y sus destinatarios experimentaron el mayor aumento en el ingreso real.
