El Gobierno definirá las prioridades de las sesiones extraordinarias durante la reunión de la mesa política prevista para el martes 17 de noviembre y evalúa incorporar el acuerdo comercial con Estados Unidos al temario.
En la Casa Rosada aseguran que la intención es enviar el entendimiento bilateral al Congreso antes de que termine el mes, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre cuándo se tratará. El Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO aparecen entre las iniciativas que el Ejecutivo considera imprescindibles para cerrar el año parlamentario, junto con los proyectos que no consigan completar su tratamiento durante las sesiones ordinarias.
La convocatoria a la mesa política fue impulsada por Karina Milei y coordinada desde la Jefatura de Gabinete, después de varias semanas sin encuentros presenciales. El oficialismo busca ordenar una agenda legislativa que quedó atravesada por las negociaciones con los gobernadores, los desacuerdos entre sus principales dirigentes y la visita de León XIV. La reunión se realizará el martes por la mañana, antes del tratamiento de la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, previsto para las 15. En el Ejecutivo anticipan que la planificación parlamentaria volverá a formar parte de las conversaciones habituales.
La discusión incluye la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar el período ordinario, una alternativa que había ganado terreno entre algunos funcionarios. En Nación explican que la intención inicial era evitar una convocatoria extraordinaria mediante una extensión de las sesiones habituales, pero que el volumen de proyectos pendientes y el calendario de diciembre complican esa opción. Las dos últimas semanas del año presentan dificultades adicionales: el 23 y el 30 caen miércoles, el 24 y el 31 jueves y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo reducen las posibilidades de organizar sesiones.
La Constitución Nacional establece que las sesiones ordinarias concluyen el 30 de noviembre y habilita al Presidente a prorrogarlas o convocar extraordinarias. La diferencia es que durante una convocatoria extraordinaria el Congreso debe concentrarse en los asuntos incluidos por el Ejecutivo en el temario correspondiente. En la Casa Rosada todavía deben definir los días, la extensión del período y las iniciativas que incorporarán al decreto. Cerca de las negociaciones legislativas reconocen que las primeras semanas de diciembre aparecen como la ventana más conveniente para completar las votaciones.
Una de las novedades que evalúa el oficialismo es incorporar el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos entre la Argentina y Estados Unidos, firmado el 5 de febrero de 2026. En el Gobierno aseguran que pretenden enviar el instrumento al Congreso antes de fines de noviembre y que su tratamiento durante las extraordinarias está entre las alternativas. La decisión todavía debe pasar por la mesa política y por las áreas del Ejecutivo que intervienen en la instrumentación del convenio.
El acuerdo fue suscripto en Washington por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer. El instrumento contempla compromisos sobre acceso a mercados, inversiones, procedimientos aduaneros, barreras comerciales y cooperación en sectores estratégicos. La Cancillería destacó al momento de la firma las oportunidades para exportaciones argentinas, especialmente en actividades productivas vinculadas con energía, minerales críticos y tecnología.
El 15 de octubre, ambos gobiernos firmaron un protocolo de modificación que permitió adecuar el acuerdo a los cambios en la política arancelaria estadounidense. La actualización mantuvo los compromisos comerciales y el tratamiento de nación más favorecida en los términos acordados, después de los cuestionamientos judiciales a los aranceles recíprocos impulsados por Washington. En Nación consideran que esa modificación despejó parte de los obstáculos para la remisión parlamentaria.
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El tratamiento legislativo tiene una vía específica. El artículo 75, inciso 22, de la Constitución establece que corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados internacionales. La sanción de una ley aprobatoria permitiría completar la etapa parlamentaria argentina, aunque la entrada en vigor dependerá también de las condiciones previstas por el propio acuerdo. En la Casa Rosada analizan cómo incorporar el proyecto al calendario sin desplazar las prioridades ya negociadas con los bloques aliados. El Gobierno tampoco confirmó si acompañará su remisión con otras iniciativas legislativas necesarias para implementar los compromisos comerciales.
La prioridad inmediata continúa siendo el Presupuesto 2027, que La Libertad Avanza pretende llevar al recinto de Diputados el miércoles 25 de noviembre. El oficialismo buscará obtener dictamen el martes 17, después de las reuniones que mantuvo con el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Argentina Federal y otras bancadas dialoguistas. En el Ejecutivo aseguran que ya incorporaron obras reclamadas por gobernadores y que están dispuestos a realizar concesiones adicionales para asegurar los votos. La intención es que el proyecto llegue al Senado durante diciembre y pueda convertirse en ley antes del comienzo de 2027.
Las negociaciones presupuestarias incluyen fondos para Discapacidad, partidas universitarias y reclamos económicos de las provincias. En el Gobierno aseguran que garantizarán los recursos para las prestaciones del área de Discapacidad y que mantienen conversaciones para mejorar el financiamiento universitario. También está sobre la mesa una revisión del régimen de contribuciones patronales que administra ARCA. En paralelo, el PRO consiguió que el oficialismo aceptara la prórroga de los regímenes de promoción automotriz y autopartista, mientras continúan pendientes otras discusiones sobre impuestos, coparticipación e infraestructura.
La suspensión de las PASO constituye el otro proyecto que Milei pretende tener sancionado antes de fin de año. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado fue convocada oficialmente para el martes 17 de noviembre, a las 15, por disposición de Agustín Coto. La Casa Rosada busca conseguir dictamen y avanzar hacia una sesión el jueves 26, pero todavía necesita reunir los 37 votos que exige una reforma electoral. Diego Santilli asegura que avanzó en los acuerdos con gobernadores y legisladores radicales, mientras sectores del bloque oficialista reclaman conocer los respaldos concretos antes de llevar la iniciativa al recinto.
La discusión electoral está vinculada con los acuerdos nacionales que la conducción de La Libertad Avanza pretende cerrar con gobernadores durante el verano. En Nación consideran que la aprobación del Presupuesto y la suspensión de las primarias funcionarían como señales de buena fe para ordenar las negociaciones de 2027. La Casa Rosada busca diferenciar los compromisos legislativos y las eventuales alianzas para diputados y senadores nacionales de las competencias por gobernaciones y legislaturas provinciales. La estrategia apunta a preservar el armado territorial propio sin perder respaldos para las principales reformas.
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El otro frente es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas, cuyo tratamiento está previsto para el miércoles 18 en Diputados. El proyecto obtuvo dictamen, pero mantiene diferencias con los bloques dialoguistas por el capítulo que introduce modificaciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera. El oficialismo acepta revisar parte de la redacción, aunque se resiste a eliminar completamente ese apartado. En caso de conseguir la aprobación de Diputados, la iniciativa deberá pasar al Senado, lo que abre la posibilidad de que también sea incluida en el temario de diciembre.
El Súper RIGI presenta un escenario diferente. La iniciativa ya tiene media sanción de Diputados, pero continúa sin dictamen en el Senado por desacuerdos sobre las obligaciones de contratación de proveedores nacionales. Legisladores dialoguistas reclaman mayores garantías para la industria local y cambios en los parámetros que permiten considerar competitiva una oferta argentina frente a una importada. En el Gobierno reconocen que todavía no están las firmas necesarias para avanzar y que su tratamiento dependerá de un nuevo entendimiento con los aliados. Por eso, aunque sigue entre los proyectos pendientes, no cuenta con el mismo grado de avance que el Presupuesto y las PASO.
La Casa Rosada busca llegar al verano con el Presupuesto y la suspensión de las PASO sancionados, y con una agenda legislativa que permita exhibir capacidad de negociación antes de las elecciones de 2027. En el Ejecutivo consideran que ambos resultados serían señales para los mercados sobre la continuidad del equilibrio fiscal y la posibilidad de construir mayorías parlamentarias. La mesa política del martes deberá ordenar ese calendario, resolver qué proyectos se trasladarán a diciembre y evaluar la incorporación del acuerdo con Estados Unidos. La intención es acelerar las votaciones sin abrir negociaciones que terminen poniendo en riesgo los respaldos ya conseguidos.
