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    El proyecto de Vandalismo Rural obtuvo dictamen en el Senado, pero plantean la necesidad de modificaciones en el texto

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    El proyecto de Vandalismo Rural obtuvo dictamen en el Senado, pero plantean la necesidad de modificaciones en el texto

    El proyecto de Vandalismo Rural, que busca modificar el Código Penal creando nuevas figuras y elevando las penas, obtuvo este miércoles dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y quedó a un paso de ser tratado en la cámara.

    La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO, Martín Ardohain, ya cuenta con media sanción en Diputados, desde el 21 de octubre, y fue girado a la cámara alta para su debate en comisión y posterior discusión en el recinto.

    Si bien se reunieron las firmas necesarias para emitir dictamen, el proyecto podría estar sujeto a algunas modificaciones. Se debe tener en cuenta que las sesiones ordinarias culminan el 30 de noviembre, por lo cual, de progresar dichos cambios, se deberán hacer antes de esa fecha.

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    Al respecto, el senador por Chaco de Unión por la Patria, Jorge Capitanich, planteó sus reparos respecto a ciertas cuestiones del texto aprobado por Diputados, con cuestiones relacionadas a «tipos penales imprecisos» o los problemas que podría tener la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) en sus inspecciones en los campos.

    «Para aprobar una modificación del Código Penal, necesitamos textos precisos, sin vaguedades ni incongruencias y no resulta recomendable la aprobación de un texto por tratarse de tipos penales imprecisos que tienen violaciones al principio de legalidad como ley penal en blanco y ley cierta en cuanto a la precisión de las penas», sostuvo Capitanich.

    En este sentido, planteó que «si se va a trazar una política criminal y de persecución deben estar bien desarrolladas y dentro del Estado de derecho».

    Por su parte, el senador por Río Negro e integrante del mismo bloque, Martín Soria, dijo que «en las próximas horas vamos a estar presentando un dictamen solicitando que se contemplen modificaciones para lograr una ley con la que estamos de acuerdo».

    Al respecto, el senador de Corrientes, Eduardo Vischi, indicó que «sería interesante que haya una propuesta específica para estudiarla. Cuando sea necesaria se puede modificar una media sanción, pero que sea realmente razonable. Si la hay, la estudiaremos para no demorar el tratamiento».

    Por último, el legislador cordobés Luis Juez, subrayó su apoyo al proyecto, pero considero que «si este tema no tiene ningún vencimiento y no se nos cae, podemos darle a la comisión la posibilidad de modificar y ser un poco más específico, porque, en cuestiones como el daño agravado estamos poniendo como máximo el mínimo del homicidio, que es 8 años, una locura».

    El proyecto plantea crear nuevas figuras penales vinculadas con el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y con la destrucción o daño de bienes que forman parte del proceso productivo. El objetivo, según sus impulsores, es dar una respuesta específica a situaciones que actualmente pueden quedar encuadradas como contravenciones o dentro de figuras generales del Código Penal.

    Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal. La iniciativa establece una pena de entre un mes y un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo.

    La propuesta presume esa voluntad de exclusión cuando el predio cuenta con cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. También contempla excepciones cuando el acceso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando las características del lugar no permitan distinguir claramente el límite con la vía pública.

    “Entrar a un predio rural en la actitud que sea, con armas o con perros, es solamente una contravención”, sostuvo Ardohain durante el tratamiento. Según el diputado, esa situación genera una desprotección para quienes viven y trabajan en establecimientos alejados de los centros urbanos.

    El segundo eje de la iniciativa apunta directamente a los daños sobre la producción. El proyecto incorpora el artículo 184 bis, que establece penas de entre dos y ocho años de prisión y multas vinculadas con el valor del perjuicio para quienes destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o dañen bienes que afecten de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario. Entre los elementos alcanzados se encuentran cultivos, cereales, silobolsas, ganado e instalaciones productivas.

    El proyecto también contempla modificaciones vinculadas con los estragos, los daños agravados y la protección de infraestructura crítica y productiva. Además, propone cambios sobre la figura de instigación pública a cometer delitos cuando se utilicen medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales.

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    Fuente: Clarín – Política — ver publicación original.

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