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    El Senado sesiona para convertir en ley el nuevo proyecto de Discapacidad y ratificar la Ley de Tierras

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    El Senado sesiona para convertir en ley el nuevo proyecto de Discapacidad y ratificar la Ley de Tierras

    En medio de las negociaciones por la Reforma Electoral, el Senado confirmó que sesionará este jueves a partir de las 11 para convertir en ley el nuevo proyecto de discapacidad y el de Inviolabilidad de la Propiedad de la Privada, con el agregado que ratifica la Ley de Tierras.

    Además, votarán el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) -un tema acordado con Donald Trump en el marco del Acuerdo de Comercio firmado con Estados Unidos firmado en febrero- que Diputados avaló aunque dejó en reserva un capítulo objetado por los laboratorios.

    Como es una de las últimas sesiones del año, se incluyó una batería de temas. Entre ellos, la Ley de Cabotaje -que regula el transporte de cargas y pasajeros entre puertos del país por vías fluviales y marítimas-; la Ley Joaquín -que establece medidas obligatorias de seguridad en espacios deportivos-; tratados internacionales y el pliego de ascenso del jefe de Casa Militar, Sebastián Ibañez, un hombre de Karina Marina.

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    Así lo acordaron los jefes de bloque en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

    Presionado por la oposición, meses atrás el oficialismo cambió su estrategia en torno al proyecto de discapacidad y aceptó todos los pedidos de los bloques. De esa manera, en octubre Diputados le dio media sanción al nuevo proyecto con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.

    En el Senado, el texto tuvo dictamen de comisión sin sobresaltos y se encamina a convertirse en ley este jueves.

    La iniciativa conserva los principales aspectos de la actual emergencia en discapacidad -que vence en diciembre de este año- impulsada por la oposición. Entre ellos, mantiene la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la pensión no contributiva, que podrá seguir percibiéndose incluso en simultáneo con un empleo registrado. Por eso, el principal cambio es la eliminación del concepto de «emergencia».

    A su vez, el oficialismo debió incorporar al proyecto el detalle de las partidas presupuestarias destinadas a financiar cada una de las medidas y garantizar su cumplimiento. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de la iniciativa ascenderá a $598.912 millones en 2027.

    Otro de los cambios fue la modificación de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para establecer las condiciones de acceso a las pensiones por discapacidad. En la nueva redacción, los requisitos quedaron expresamente establecidos en la ley. Entre ellos, se dispone que los beneficiarios no podrán registrar ingresos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

    También establece plazos específicos para saldar las deudas por compensaciones a los prestadores. El cronograma de pagos deberá comunicarse dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la ley, mientras que la cancelación total de las obligaciones deberá concretarse en un plazo máximo de 90 días corridos.

    En agosto, el Senado votó la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que plantea cambios al Código Procesal Civil -para endurecer los desalojos- y modifica las leyes de expropiaciones.

    Sin embargo, tras el escándalo por los fallos de la Corte Suprema que ratifican el DNU 70 de Javier Milei y por ende dejaban sin efecto la Ley de Tierras -que establece límites a la venta de tierras a extranjeros- Diputados incluyó en el proyecto un capítulo para ratificar esa norma. Por eso la ley vuelve a la Cámara Alta para ser ratificada.

    El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) fue uno de los compromisos asumidos ante Donald Trump en el marco del Acuerdo de Comercio firmado con Estados Unidos en febrero.

    Suscripto originalmente en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el tratado establece un sistema internacional simplificado para la presentación y tramitación de solicitudes de patentes.

    El Senado le otorgó media sanción en 1998, pero la Cámara de Diputados recién lo abordó este año e introdujo modificaciones. Por ese motivo, el proyecto debe regresar ahora a la Cámara Alta para que vuelva a ser votado y pueda avanzar hacia su ratificación.

    Durante el tratamiento, Diputados resolvió dejar en reserva el Capítulo II del tratado, referido al examen preliminar internacional. La decisión respondió a las advertencias de los laboratorios argentinos, que señalaban que ese mecanismo podía beneficiar a los titulares de patentes extranjeras y favorecer prácticas monopólicas, en perjuicio de la producción nacional.

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    Fuente: Clarín – Política — ver publicación original.

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