Uno de los primeros antecedentes que debe rastrearse en Río Negro en torno al proceso privatizador eléctrico se encuentra en 1993, cuando se hizo la transferencia a la provincia de las instalaciones de transporte, por ese entonces operadas por el Estado nacional a través de Agua y Energía Eléctrica. La base legal de esa determinación respondió a un clima de época. Tuvo su génesis en la declaración de la emergencia administrativa de la prestación de los servicios públicos por parte de la Nación, con el posterior establecimiento de un nuevo Marco Regulatorio Eléctrico que dejó sujeto a privatización las diferentes actividades que componen el servicio eléctrico. Inicialmente fue la generación y el transporte a cargo de Agua y Energía Eléctrica S.A., Segba e Hidronor S.A. y unos años más tarde la distribución.
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