Miembros de la CGT, muchos de los cuales tienen profundas diferencias entre sí, denunciarán a funcionarios del Gobierno por la retención de $688.000 millones
Gran parte de los gremios que componen la CGT, muchos de los cuales tienen profundas diferencias entre sí, coincidieron en un punto: denunciar a miembros del Gobierno por la retención de $688.000 millones correspondientes al sistema de obras sociales. Y, en caso de que no exista respuesta concreta, prometieron un paro general con movilización con 36 horas de duración. La extensión de la eventual protesta sería inédita ya que hasta el momento el gremialismo en la era Milei solo se limitó huelgas de 24 horas de duración.
Detrás de este reclamo, que se da en el marco del plan de lucha cegetista contra el oficialismo que se anunció el 25 de junio de este año, aparecen pesos pesados. Como por ejemplo el jefe de la Unión de los Trabajadores Gastronómicos, Luis Barrionuevo, el de Comercio, Armando Cavalieri, y la plana mayor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Se trata de parte de los jugadores de relevancia de la calle Azopardo. Pero también figuran más de medio centenar de gremios que avisaron que se debe avanzar en una demanda judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A la par, responsabilizaron al ministro de Salud, Mario Lugones, por sus nulas respuestas por lo que consideran una crisis que puede terminar con el sistema de salud. Ante la consulta de PERFIL, fuentes oficiales todavía no cuentan con respuestas ni hicieron referencia a las deudas que mantiene la administración libertaria con el sistema de salud gremial.
El monto disputado se compone de $288.000 millones correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que se encuentran depositados en plazo fijo en el Banco Nación, y otros $400.000 millones en Fondos Comunes de Inversión (FCI) derivados de deudas por aportes de adherentes voluntarios. En el último cónclave sectorial por esta problemática, realizado en la sede del Sindicato Obreros de Maestranza (SOMRA), los referentes gremiales se dedicaron a hablar del colapso operativo de las prestadoras médicas: «Tuvimos tres reuniones con el ministro Lugones y no hubo ninguna propuesta concreta.
Mientras tanto, las obras sociales se caen a pedazos y los trabajadores se quedan sin cobertura», remarcaron. La UOM Capital (conducida por Roberto Bonetti y quien se perfila para tomar el mando del gremio a nivel nacional que dejó vacante Abel Furlán) alertó que el 90% de los recursos del Fondo Solidario se destinan exclusivamente a cubrir prestaciones de discapacidad. De este modo, aparecen desfinanciados los tratamientos de alta complejidad y la provisión de medicamentos. Frente a este escenario, exigieron la liberación inmediata de las partidas y reclamaron la actualización urgente del nomenclador de medicamentos, congelado desde hace tres años.
En paralelo a la vía judicial, las organizaciones gremiales mencionaron la posibilidad de encarar paros de carácter parcial. O directamente consensuar el impulso de una huelga general de 36 horas con movilización en todo el país, en abierto repudio al rumbo económico de la gestión de Javier Milei. Sería el quinto paro general de la CGT en la era libertaria en caso de que no existan respuestas. «El responsable político de la salud de los argentinos es el ministro Lugones. Si no actúa ahora, el sistema colapsa», concluyeron los dirigentes sindicales en un documento que marca un nuevo y áspero frente de conflicto en el mapa político y laboral.
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El problema en IOFSA
A este inconveniente en el frente sindical, el oficialismo dio un nuevo paso más contra del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA. Una decisión que implica el cierre de farmacias propias, centros de salud y delegaciones en distintos puntos del país. La medida encendió la preocupación entre trabajadores y afiliados, con consecuencias concretas en localidades bonaerenses como La Plata, Punta Alta, Tandil y Punta Indio.
Los cambio impactan a una obra social que cuenta con unos 320.000 afiliados y afiliadas en todo el país y pone en riesgo alrededor de 1.450 fuentes laborales. Entre las consecuencias previstas figura el cierre de las 31 farmacias propias, además de la desactivación de centros de atención y otras dependencias.
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