Una nueva polémica rodea una caja del Ejército Argentino y ha provocado una auditoría interna para deslindar responsabilidades por la salida de al menos unos $300 millones mediante tarjetas corporativas asociadas a una cuenta destinada a solventar el extinto Escudo Norte, impulsado en 2011 por Cristina Kirchner para la vigilancia de frontera y dado de baja en diciembre de 2017 por la administración de Mauricio Macri, en medio de cruces de acusaciones por lo sucedido.
En la cúpula del Ejército confirmaron a Clarín la existencia del inicio de «un control interno» para averiguar «presuntos movimientos irregulares» de fondos. «Los hechos y circunstancias son motivo de investigación y, por lo tanto, son de carácter reservado para garantizar la transparencia del proceso», abundaron.
Según pudo averiguar este diario, todo sucedió cuando se detectaron «movimientos sospechosos» en la Intendencia del Ejército. Al parecer, las maniobras se produjeron en un «un centro de costos» (una especie de cuenta corriente institucional) de la «Operación Escudo Norte», que debería haber estado desactivada por la finalización de ese programa militar, con lo cual conservó fondos públicos que luego habrían sido retirados con tarjetas corporativas de forma discrecional. En principio, se habrían registrado extracciones y supuestos pagos de «combustible y víveres».
Lo que no se sabe hasta el momento es qué período estaría indagando la auditoría interna. Algunas versiones daban cuenta que solo se abarcaría a movimientos registrados durante 20, peroro no hay confirmación oficial. Es que la Intendencia depende del Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, que hasta diciembre estuvo a cargo del ahora jefe de esa Fuerza, el teniente general Oscar Zarich. Hoy esa dependencia es dirigida por Héctor Ochoa, de confianza del ministro de Defensa, Carlos Presti.
Una versión afirma que una oficial de Intendencia, S.V. por sus iniciales, fue la que alertó de los movimientos, pero luego fue objeto de la propia pesquisa. Al parecer, el titular de esa oficina, Pablo López Bueno, también había advertido sobre «movimientos sospechosos» en esa cuenta efectuados con tarjetas corporativas.
El abogado Jose Echenique, que patrocina a la oficial involucrada en los hechos, dijo a este diario desconocer el contenido de la auditoría interna, pero no descartó recurrir a la Justicia para realizar una suerte de contradenuncia si finalmente las autoridades de la fuerza decidieran avanzar contra los intereses de su defendida. Hoy la oficial se encuentra apartada y sometida a una «instrucción disciplinaria».
Las altas fuentes consultadas de la fuerza, en tanto, indicaron que «no fue esa oficial la que detectó la situación que se investiga, sino que fue el Ejército el que, ante presuntos movimientos irregulares, ordena efectuar un control interno e iniciar las investigaciones correspondientes».
La auditoría interna produjo malestar en los niveles subalternos de la fuerza porque hasta ahora las instrucciones no alcanzan a las autoridades sino exclusivamente a personal de menor rango.
Lo cierto es que esta controversia surge luego de la difusión en Clarín de la polémica por los millonarios descuentos a miles de soldados en sus recibos de sueldos por la Revista Soldados, que solo se publicó una vez en el año. Semanas después de conocida la noticia, el Ejército emitió una circular con el procedimiento para darse de baja de la suscripción compulsiva de dicha publicación.
En septiembre había trascendido un escándalo de corrupción en la Armada Argentina por el aparente desvío de fondos multimillonarios del presupuesto de esa fuerza a cuentas de oficiales y civiles que se enriquecieron con esas transferencias ilegales.
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