El profesor Federico Merke, de la Universidad de San Andrés, expuso recientemente un dilema estructural, de simultáneas características políticas y económicas que interactúan en nuestro país, dilema al que denominó “la trampa del garante” de las inversiones, de larga maduración y de alto valor relativo, necesarias para la exploración y el desarrollo de los recursos naturales de energía, minería, etcétera, e incluso de la construcción de la infraestructura física básica necesaria para la prestación de servicios distribuidos en redes.
El dilema ocurre cuando los gobiernos se disponen a desarrollar esta tipología de proyectos, que se planifican a 25 o 30 años o más y que, dado el historial de incumplimientos de contratos, cesaciones unilaterales de pagos de deudas y confiscaciones de activos privados, requieren ofrecer “condiciones favorables adicionales” a los inversores, especialmente a los externos.
Suelen instrumentarse mediante “ventanas” de regímenes especiales de estabilidad fiscal, de libertad de transacciones y tipo de cambio y de sometimiento a un arbitraje jurídico “importado” ante tribunales internacionales.
Estas concesiones de garantías especiales generan, a su vez, denuncias de la oposición por resultar excesivas, un “elegir a los sectores ganadores”, en muchos casos con oportunismo político. Los gobiernos, por su parte, responden que, sin esas concesiones, las referidas inversiones necesarias y los empleos directos e indirectos que generan no existirían.
Los gobiernos, muchas veces también con oportunismo político, se presentan ante los inversores como los únicos garantes de sus inversiones de capital “hundido”
El paso siguiente es cuando los gobiernos, muchas veces también con oportunismo político, se presentan ante los inversores como los únicos garantes de sus inversiones de capital “hundido” y que la oposición no respetará esas reglas e incluso las revertirá. La oposición algunas veces hasta refrenda esas hipótesis. Gobiernos y opositores ingresan así en una escalada polarizada de posiciones muy enfrentadas, ambos con réditos electorales, pero en detrimento del desarrollo del país.
Esta situación se agrava cuando se ingresa en una grave “parálisis de progreso” cuando, como en el caso de nuestro país, recordamos la histórica figura del “péndulo argentino” del ingeniero Diamond, figura con la que se describen los abruptos cambios de rumbo del país; o incluso del llamado “empate hegemónico” de Juan Carlos Pontoriero, con el que describió el enfrentamiento de dos coaliciones políticas de similares “músculos electorales” que, cuando cualquiera de ellas triunfa y la otra es derrotada, esta dispone aún de suficiente poder parlamentario para impedir sus políticas, generando así los “gobiernos oscilantes” al decir de Andrés Malamud.
El cálculo probabilístico que ahuyenta inversiones
Durante las tres décadas necesarias de evaluación económica de estos proyectos productivos ocurrirán alrededor de siete elecciones presidenciales.
Si cada coalición política, con proyectos de país muy disímiles, tiene un 50% aproximado cada una de probabilidad de ganar las elecciones y sus posiciones son irreductibles, el valor de la calidad positiva de la alternancia de poder paradójicamente se degrada, pues al cabo de la mitad de la vida de servicio de un proyecto (atravesando tres o cuatro elecciones presidenciales) la probabilidad de que la validez de las reglas persista disminuye a solo un dígito, menos del 10 por ciento.
Los inversores lo saben, lo ponderan y anticipan en su evaluación de riesgos, adoptan elevados coeficientes de seguridad, sobreestiman los costos y subestiman los beneficios, lo que reduce las tasas de su rentabilidad y factibilidad.
Si las oposiciones respetaran las reglas pautadas por los gobiernos (discutidas previamente en los parlamentos) incluso solo la mitad de las veces que ganase las elecciones presidenciales, la probabilidad de la persistencia de las reglas crece aproximadamente al 30 por ciento.
Si las coincidencias entre los gobiernos y los opositores crecieran a las tres cuartas partes de las veces, la supervivencia de las reglas crecería a alrededor de un 80% y nuestro país sería equiparable al mundo
Si las coincidencias entre los gobiernos y los opositores crecieran a las tres cuartas partes de las veces, la supervivencia de las reglas crecería a alrededor de un 80% y nuestro país sería equiparable al mundo, su tasa de riesgo país bajaría a 200 puntos básicos y el financiamiento internacional volvería a ser accesible.
El dilema de acción colectiva presentado opera como el clásico ejemplo llamado la “tragedia de los comunes”, donde están muy visibles los beneficios de los recursos naturales (las estepas verdes naturales para los diversos propietarios de ganado) que todos desean extraer y usufructuar, pero no hay incentivos de corto plazo para preservarlos. Nuestro país no puede ser confiable solo si la gobierna continuamente una de las dos grandes coaliciones.
Una salida posible sin utopías
Es necesario alcanzar una razonable probabilidad de sostener las reglas de largo plazo. No se pretenden utopías, la solución óptima no es un “partido único”, pero sí generar un mínimo de confianza mutua para suscribir acuerdos parlamentarios con un compromiso consensuado de los gobiernos con las oposiciones.
El objetivo es lograr reglas que excedan, en una sana democracia con alternancia política de dos grandes coaliciones políticas, una de ellas quizás más sesgada a la eficiencia productiva y la otra a la equidad social. Pero ambas sin impuesto de corrupción y razonables en términos de gestión económica.
El autor es miembro de la Fundación Pensar Santiago del Estero y director de la Fundación Federalismo y Libertad de Santiago del Estero
