Tras un amparo de Amnistía Internacional, un tribunal dispuso que el Gobierno entregue información sobre el acuerdo que reconoce a Estados Unidos como una jurisdicción adecuada para recibir datos personales desde Argentina.
La Justicia hizo lugar a un amparo presentado por Amnistía Internacional Argentina y ordenó a la Cancillería entregar información sobre el acuerdo entre el Gobierno de Javier Milei y Estados Unidos que contempla la transferencia internacional de datos personales. La organización había solicitado conocer los fundamentos y los criterios utilizados por el Estado para avanzar con esa decisión.
El reclamo apunta a determinar qué evaluaciones realizó el Gobierno antes de reconocer a Estados Unidos como una jurisdicción adecuada para recibir información personal desde Argentina. En particular, Amnistía pidió acceder a los análisis sobre la normativa vigente, las garantías de protección de datos y las condiciones que ofrece el sistema estadounidense.
Según informó la organización, Cancillería había entregado documentación incompleta y rechazado el acceso al expediente administrativo que contiene los informes, dictámenes y antecedentes de la decisión. Frente a esa respuesta, recurrió a la Justicia para exigir que se hiciera pública la información.
En su presentación, Amnistía cuestionó que esos documentos fueran considerados simples «papeles de trabajo» para justificar su reserva. El fallo, según comunicó la entidad, estableció que esos antecedentes no pueden quedar excluidos del acceso público bajo esa argumentación.
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El alcance del acuerdo con Estados Unidos
El entendimiento forma parte del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), firmado por Argentina y Estados Unidos el 5 de febrero de 2026. Entre los compromisos asumidos, el Gobierno argentino acordó avanzar en el reconocimiento de ese país como una jurisdicción adecuada para las transferencias internacionales de datos personales.
La discusión tiene como marco la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, cuyo artículo 12 establece restricciones para transferir información a países que no garanticen niveles adecuados de protección. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es el organismo competente para evaluar esas condiciones.
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Desde Amnistía Internacional remarcaron que el acceso a esa documentación es fundamental para conocer cómo se tomó una decisión que puede tener consecuencias sobre la privacidad de las personas. «Cuando una decisión estatal puede afectar nuestra privacidad y la protección de nuestros datos personales, tenemos derecho a saber cómo y por qué fue tomada», sostuvo la organización.
LMM/MSS
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