El Gobierno espera con cautela la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en Malvinas y prepara distintas acciones jurídicas y diplomáticas según el resultado. En la Casa Rosada reconocen que una de las alternativas es que los jueces consideren que el futuro tribunal arbitral no tiene jurisdicción para intervenir en la controversia, pero aseguran que también contemplan decisiones favorables o parcialmente favorables. El pronunciamiento está previsto para el sábado 28 de noviembre, después de las audiencias que se realizaron esta semana en Hamburgo, Alemania.
En el Ejecutivo consideran que la fecha anunciada por el tribunal obliga a preparar respuestas para todos los escenarios. Las autoridades que participan de la estrategia descartan que la decisión sobre las medidas provisionales se postergue hasta 2027 y sostienen que el organismo deberá pronunciarse sobre la solicitud argentina. En Nación evitan anticipar un resultado y remarcan que el equipo jurídico ya trabaja sobre las alternativas que podrían abrirse después del fallo. La prioridad es preservar las posibilidades de actuación internacional sin presentar una eventual decisión adversa como el final del reclamo.
La evaluación oficial combina confianza en la presentación argentina con una advertencia sobre las expectativas. En el Gobierno destacan el trabajo de los especialistas internacionales que intervinieron en las audiencias, pero reconocen que no garantiza una resolución favorable. La delegación estuvo encabezada por representantes de la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, con la participación de juristas especializados en derecho internacional. En Balcarce 50 consideran que la Argentina hizo las presentaciones que correspondían y que ahora la decisión depende exclusivamente de los magistrados.
El punto central es que el Tribunal del Mar no tiene que resolver quién ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas. La Argentina inició un arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y recurrió a Hamburgo para solicitar protección urgente mientras se constituye el tribunal encargado de examinar esa controversia. La presentación no pide que se decida la titularidad territorial del archipiélago, sino que se preserven los derechos invocados sobre la plataforma continental y sus recursos frente al avance de actividades unilaterales.
El artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR establece que el Tribunal del Mar puede ordenar medidas provisionales antes de que se constituya el órgano arbitral si considera, de manera preliminar, que ese futuro tribunal tendría jurisdicción y que existe una situación de urgencia. La evaluación también comprende la plausibilidad de los derechos que se pretende proteger y el riesgo de perjuicio irreparable. Se trata de una instancia procesal diferente del arbitraje de fondo, que puede continuar durante un período considerablemente más extenso.
En la Casa Rosada contemplan tres escenarios principales: que se concedan las medidas solicitadas, que se ordenen protecciones parciales o que se rechace el planteo argentino. Una decisión favorable podría imponer al Reino Unido obligaciones destinadas a impedir nuevas perforaciones o instalaciones vinculadas con Sea Lion. Una resolución parcial también podría establecer restricciones, requerimientos ambientales u otras obligaciones distintas de las solicitadas. El rechazo, en cambio, exigiría estudiar sus fundamentos antes de definir una nueva presentación. En el Ejecutivo evitan asignar probabilidades públicas a cualquiera de esas alternativas.
La cuestión más sensible es la jurisdicción. El Reino Unido sostiene que la controversia no puede examinarse sin resolver previamente la soberanía territorial, una materia que considera ajena a los mecanismos de la Convención. La Argentina rechaza esa interpretación y afirma que el tribunal puede proteger derechos sobre recursos naturales sin pronunciarse sobre quién ejerce soberanía sobre las islas. Una eventual decisión adversa sobre la jurisdicción preliminar tendría un alcance diferente de un rechazo basado solamente en la falta de urgencia, porque anticiparía objeciones que podrían reaparecer durante el arbitraje.
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En Nación aseguran que agotarán las instancias disponibles independientemente de lo que resuelva Hamburgo. El Gobierno evalúa continuar con el pedido de protección ante el tribunal arbitral una vez constituido, aunque cualquier nueva solicitud dependerá de los fundamentos de la resolución y de las circunstancias existentes. La Convención permite que ese órgano adopte medidas provisionales y que confirme, modifique o revoque las ordenadas previamente. En la estrategia argentina también contemplan mantener las actuaciones diplomáticas y administrativas contra las actividades hidrocarburíferas cuestionadas.
El siguiente paso será la conformación del tribunal arbitral del Anexo VII, integrado por cinco miembros: uno designado por cada país y otros tres acordados entre las partes. La Convención establece plazos para esas designaciones y prevé que, si no existe acuerdo, intervenga el presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para completar los nombramientos correspondientes. Las conversaciones sobre la integración se manejan de forma reservada. Por ahora, no existe una confirmación pública de que el órgano vaya a estar completamente constituido antes de la resolución del 28 de noviembre.
La Argentina presentó cuatro pedidos concretos ante los jueces. El principal busca impedir nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura productiva vinculada con Sea Lion, incluso cuando esas tareas sean realizadas por empresas bajo jurisdicción o control británico. También reclamó restringir el uso de información obtenida durante la exploración, evitar que el Reino Unido obstaculice obligaciones argentinas de protección ambiental y prohibir nuevas autorizaciones que agraven la controversia. Los cuatro puntos quedaron incluidos en la presentación final firmada el 11 de noviembre por el embajador Mario Oyarzábal.
El Gobierno sostiene que la urgencia está vinculada con el inicio previsto de las perforaciones durante 2027 y la imposibilidad de restituir recursos no renovables una vez extraídos. El desarrollo Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, contempla infraestructura submarina y una explotación de largo plazo en la Cuenca Malvinas Norte. Durante las audiencias, la delegación argentina expuso que los trabajos preparatorios ya están en marcha y advirtió sobre eventuales daños ambientales. La defensa británica respondió que la producción comercial no comenzará antes de 2028 y cuestionó que exista un peligro suficientemente inmediato para justificar las medidas.
En Hamburgo, el jurista argentino Marcelo Kohen sostuvo que la disputa territorial no convierte a los espacios marítimos alrededor de Malvinas en áreas sobre las que el Reino Unido pueda disponer libremente. El especialista recordó las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la controversia de soberanía y llaman a evitar decisiones unilaterales. Por su parte, Nicolaas Jan Schrijver advirtió que una vez iniciadas las perforaciones sería imposible preservar completamente la situación anterior. El embajador Oyarzábal cerró la presentación argentina y reiteró la disposición a retomar negociaciones bilaterales y alcanzar arreglos prácticos mientras continúe la controversia.
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La exposición argentina también tuvo un componente institucional. María Ibarzabal Murphy encabezó la coordinación política y jurídica de una delegación integrada por funcionarios nacionales y especialistas internacionales. Entre los participantes estuvieron Oyarzábal, Kohen, Schrijver y Agustín Giustiniani, junto con representantes de la Cancillería y otras áreas del Ejecutivo. La intervención reunió equipos de la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro. En el Gobierno consideran que esa coordinación será necesaria para sostener el arbitraje y ejecutar las próximas decisiones.
El frente judicial se complementa con las actuaciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La Casa Rosada anunció anteriormente más de 180 notas de desaliento dirigidas a compañías y proveedores, además de procedimientos sancionatorios contra alrededor de 60 personas humanas y jurídicas. Las penalidades definitivas continúan sujetas a las actuaciones correspondientes. En paralelo, el oficialismo pretende tratar el proyecto legislativo en Diputados el 18 de noviembre, aunque todavía existen diferencias con los aliados por disposiciones que exceden el capítulo de protección de la soberanía.
La estrategia oficial apunta a mantener el reclamo por Malvinas aun si el Tribunal del Mar no concede las medidas provisionales solicitadas. En Balcarce 50 consideran que el procedimiento de Hamburgo constituye una instancia dentro de una ofensiva más amplia, que incluye el arbitraje, la actividad diplomática, posibles sanciones y modificaciones legislativas. La Casa Rosada confía en haber construido una defensa jurídica sólida, pero admite que el resultado es incierto. El 28 de noviembre será una primera definición sobre la protección urgente de los recursos en disputa, no una sentencia sobre la soberanía argentina ni el cierre de las acciones previstas para los próximos meses.
