El Gobierno prepara la delegación argentina que participará de las audiencias del 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales contra la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. La Casa Rosada busca frenar el avance del proyecto Sea Lion, mientras la Cancillería y los equipos jurídicos que intervinieron en la presentación terminan de definir quiénes viajarán para defender el reclamo.
La Argentina ya formalizó la designación de dos representantes ante el tribunal: el embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de Cancillería, figura como agente del Estado, mientras que la embajadora Betina Pasquali de Fonseca fue nombrada coagente. Ambos aparecen en el escrito presentado el 13 de octubre, aunque su designación procesal no implica que esté confirmada su presencia física durante las audiencias.
En el Ejecutivo consideran probable que Oyarzábal participe de las exposiciones en Alemania por su responsabilidad en la estrategia jurídica internacional. El diplomático intervino directamente en la elaboración del reclamo y ocupa un lugar central en la representación argentina. La composición definitiva de la delegación, sin embargo, todavía no fue comunicada oficialmente.
La discusión también comprende la eventual participación de la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzábal, y de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio. Ambos organismos colaboraron con la preparación de la presentación argentina y analizan cómo estarán representados en la instancia oral. En el Gobierno aclaran que la presencia de sus máximas autoridades no es indispensable y que las decisiones dependerán de las agendas y las necesidades del procedimiento.
La Procuración todavía no resolvió si enviará representantes a Hamburgo. Dentro del Ejecutivo consideran que el equipo jurídico que trabajó en la demanda está en condiciones de participar de las audiencias, pero la definición continúa abierta. La prioridad es garantizar una representación adecuada del Estado sin afectar el funcionamiento de las áreas que deberán atender otros asuntos de la administración nacional.
La organización de la delegación está condicionada además por el calendario político. Las audiencias coincidirán con los últimos dos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Milei tendrá actividades institucionales durante la estadía del pontífice, incluido un encuentro en la Casa Rosada, mientras distintos integrantes del Gabinete participarán de la organización y de los compromisos oficiales vinculados con su visita.
Por el momento, la Argentina no contrató estudios de abogados alemanes ni firmas internacionales para intervenir en este litigio, según informaron fuentes oficiales. En la administración nacional sostienen que el procedimiento no exige contar con una representación jurídica privada radicada en Alemania y que la defensa puede llevarse adelante mediante los agentes diplomáticos y los profesionales del Estado.
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El Tribunal del Mar admite que los países actúen mediante agentes, coagentes, abogados y asesores. La designación de Oyarzábal y Pasquali de Fonseca permite identificar a los responsables formales de la representación argentina, mientras que la participación de otros especialistas dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno antes de las exposiciones orales. La embajadora designada como coagente cuenta además con una dirección de notificaciones en la Embajada argentina en Berlín.
El cronograma de audiencias ya fue establecido por el tribunal. El martes 10 de noviembre, la Argentina expondrá entre las 10 y las 13, mientras que el Reino Unido responderá entre las 15 y las 18. El miércoles 11 habrá una segunda intervención argentina entre las 10.30 y las 12 y una última presentación británica entre las 17.30 y las 19, de acuerdo con los horarios de Hamburgo.
La audiencia será pública y podrá seguirse en directo a través del sitio oficial del organismo. Los jueces deberán analizar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para adoptar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que examinará el litigio principal. La convocatoria no supone que la Argentina ya haya conseguido una resolución favorable.
El reclamo se originó el 28 de septiembre, cuando el Gobierno inició un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Después de que Londres rechazara las medidas solicitadas, la Argentina recurrió el 13 de octubre al Tribunal del Mar para pedir una intervención urgente antes de que avance el desarrollo hidrocarburífero.
La presentación argentina contiene cuatro pedidos principales. El primero busca impedir que el Reino Unido permita el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion. El segundo apunta a restringir la utilización de información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos. Los otros dos reclamos se vinculan con la protección del medio marino y con la prohibición de adoptar nuevas decisiones que agraven la controversia, como el otorgamiento de licencias.
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El proyecto Sea Lion está impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Las compañías prevén iniciar las perforaciones de desarrollo durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028. La Argentina pretende obtener una decisión judicial antes de que esas actividades avancen, con el argumento de que la extracción de recursos y las alteraciones del lecho marino podrían provocar consecuencias irreversibles.
La principal controversia jurídica estará relacionada con la competencia del tribunal. La Convención sobre el Derecho del Mar permite resolver disputas vinculadas con la interpretación de sus disposiciones, pero no le otorga una competencia general para decidir conflictos de soberanía territorial. Por eso, la estrategia argentina busca preservar los derechos que reclama sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales sin pedir un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas.
La Casa Rosada considera que las audiencias constituirán una instancia central de su estrategia jurídica por Malvinas. El Gobierno confía en el trabajo de los equipos estatales y espera definir durante los próximos días la composición presencial de la delegación. La decisión sobre las medidas provisionales quedará en manos de los jueces, mientras continuará por separado el arbitraje contra el Reino Unido y se desarrollará en la Argentina la agenda oficial de Milei por la visita de León XIV.
