En la Argentina, apenas el 7,23% de los residuos industriales generados recibe tratamiento adecuado, según las estimaciones del Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La situación genera preocupación por el destino de los desechos que quedan fuera del circuito formal y los riesgos ambientales asociados con su acumulación en basurales, terrenos abandonados y antiguos establecimientos industriales.
El relevamiento proyecta para este año una generación de 12,7 millones de toneladas de residuos, de las cuales solo unas 917.700 recibirían tratamiento. Frente a esa situación, la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa) reclaman mayores controles y advierten sobre la necesidad de identificar los sitios donde permanecen acumulados materiales potencialmente peligrosos.
Aunque las estimaciones permiten dimensionar la proporción de residuos que recibe tratamiento, el destino del volumen restante no tiene seguimiento y, para las entidades, esa falta de información dificulta identificar posibles focos de contaminación, evaluar sus consecuencias y determinar dónde concentrar las tareas de fiscalización.
“No alcanza con conocer cuántos residuos se generan y cuánto ingresa al sistema formal. También necesitamos saber dónde termina aquello que queda fuera de ese circuito, qué características tiene y qué riesgos puede representar para el ambiente y las comunidades cercanas”, advirtió Claudia Kalinec, presidenta de Catries.
Los riesgos de acumular residuos industriales sin tratamiento
La falta de información sobre el destino de los residuos industriales también dificulta identificar los lugares donde se acumulan materiales peligrosos y determinar qué medidas se necesitan para evitar posibles daños ambientales. Las cámaras advierten que el problema no se limita a los basurales clandestinos, sino que también alcanza a antiguos establecimientos industriales que conservan desechos de actividades productivas anteriores.
Uno de los casos que mencionan es el predio de Ar Zinc, la ex Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, Santa Fe, donde permanecen aproximadamente 863.000 toneladas secas de jarosita, un residuo industrial que contiene metales pesados. Su ubicación sobre la barranca del río Paraná genera preocupación por la estabilidad del terreno y el riesgo de dispersión de materiales contaminantes.
La situación llegó a la Justicia y al Senado provincial, que solicitó controles técnicos especializados y un seguimiento permanente del predio. Para las cámaras, identificar estos sitios y conocer las características de los residuos acumulados resulta fundamental para establecer prioridades de fiscalización y determinar las medidas de remediación necesarias.
En Buenos Aires, las entidades también mencionan el caso de la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, donde se detectaron establecimientos clandestinos vinculados con el desarme de baterías y la fundición de plomo. Allí, 14 personas fueron identificadas como víctimas de trata con fines de explotación laboral, en el marco de una investigación que se produjo después de la muerte de un trabajador de 20 años por intoxicación con plomo.
La advertencia de la industria
A las dificultades para controlar el destino de los desechos se suma, según las cámaras, una limitación de infraestructura. Aunque Buenos Aires y Santa Fe se encuentran entre las provincias con mayor capacidad de tratamiento, las entidades advierten que las instalaciones existentes no alcanzarían para procesar todos los residuos si las empresas generadoras ingresaran al circuito formal.
Neuquén también registra demanda de servicios ambientales especializados por la actividad hidrocarburífera vinculada con Vaca Muerta, mientras el sector reclama inversiones para ampliar la capacidad y mejorar la tecnología disponible.
“Esta problemática entre la necesidad de tratar mayor cantidad de residuos y la tecnología y capacidad existentes para lograrlo, plantea la importancia de promover inversiones en toda la cadena”, sostuvo Gustavo Solari, presidente de Caitpa.
Para las entidades, la expansión de la infraestructura debe acompañarse de mayores controles sobre el destino de los residuos y relevamientos que permitan localizar sitios contaminados, identificar los materiales acumulados y establecer las medidas de remediación necesarias.
