La Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo global creado en 1919 tras el Tratado de Versalles bajo la premisa de que la paz permanente sólo se construye sobre la justicia social, atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente.
Con 187 Estados miembros, la institución se enfrenta hoy a un doble desafío: adaptar un esquema institucional rígido a las transformaciones del mercado laboral y definir quién asumirá las riendas de su Dirección General para el mandato 2027-2032.
Un modelo centenario frente a la marea de la informalidad
Nacida con un formato de gobernanza tripartito único, conformado por gobiernos, sindicatos y empleadores, la OIT impulsó a lo largo del siglo XX hitos como la jornada de 8 horas, la Declaración de Filadelfia, los convenios sobre libertad sindical e igualdad salarial, e incluso el Premio Nobel de la Paz en 1969. Sin embargo, el analista coincide en que el auge de la informalidad laboral y el desempleo ha dejado desfasada esta estructura.
En diversas regiones, la suma de trabajadores no registrados y desocupados supera holgadamente a la de los empleados formales. Esta realidad, en mi opinión, debería plantear una reforma estructural: abrir la gobernanza tripartita para incorporar la representación formal del trabajo autónomo como desocupados y sector informal, la cual se intentó hacerlo en una mesa en la CIT 2022. La advertencia es clara: cuando la masa de trabajadores sin registro ni empleo aumenta, los salarios formales se precarizan y las presiones patronales crecen, diluyendo la incidencia real del organismo. La OIT reconoce ante los entornos laborales cambiantes, las nuevas modalidades de trabajo, la dinámica de la sociedad, los trabajadores constantemente están enfrentando nuevos peligros junto con los que además ya existían, laborando en algunas ocasiones en condiciones inseguras y poco saludables, es así que a través de la Estrategia Global en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Acción (2024-2030), busca establecer directrices para afrontar los peligros emergentes adicionales a los tradicionales (OIT, 2023).
Estas transformaciones en el mundo del trabajo son efecto de la digitalización, la inteligencia artificial, el cambio climático, los cambios demográficos y las nuevas formas de empleo, lo cual genera riesgos que exigen nuevas respuestas regulatorias y preventivas, resaltando la importancia que los Estados miembros respeten y cumplan progresivamente los principios preventivos contenidos en los Convenios 155 y 187, a partir de la implementación de políticas, programas y sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Estos convenios en 2022 (post pandemia) se agregaron al corpus de convenios fundamentales, que son los que todos los países tienen que rendir cuentas (memorias) sin importar si los hubieran ratificado o no.
Dentro de los cinco grandes grupos de peligros emergentes identificados por la OIT se encuentran (OIT, 2024):
- Cambio climático y fenómenos ambientales extremos.
- Digitalización, inteligencia artificial y automatización.
- Riesgos psicosociales y salud mental.
- Nuevas formas de trabajo (teletrabajo, plataformas digitales, trabajo híbrido).
- Transición ecológica y tecnologías limpias.
Transición política
La actual administración del togolés Gilbert F. Houngbo —quien asumió en 2022 como el primer líder africano del organismo— busca la reelección para un segundo mandato. Houngbo ha enfocado su gestión en la creación de la Coalición Mundial por la Justicia Social.
Las elecciones se celebrarán el 16 de noviembre de 2026, cuando el Consejo de Administración elija al nuevo Director General mediante votación secreta. Los tres candidatos oficializados son:
- Gilbert F. Houngbo (Togo): Actual Director General que busca revalidar su gestión.
- Yolanda Díaz Pérez (España): Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, cuya propuesta encarna un perfil enfocado en la protección tradicional de derechos. De resultar electa, se convertiría en la primera mujer al frente de la OIT.
- Javier González-Olaechea Franco (Perú): Excanciller peruano.
La cuenta regresiva hacia 2027
El calendario institucional establece un periodo de transición de casi diez meses entre la votación (noviembre de 2026) y la toma de posesión del elegido (1 de octubre de 2027).
Lejos de ser una excepción, esta brecha responde a los tiempos requeridos para el traspaso de mando, la desvinculación de los candidatos de sus altos cargos nacionales y la sincronización con el presupuesto bienal de Naciones Unidas.
El debate no solo pasa por quién ocupará la oficina principal en Ginebra, sino por la capacidad del elegido para rescatar la relevancia del organismo en un mapa geopolítico fragmentado y adaptar sus normas a un mundo del trabajo que ya no se parece en nada al de 1919.
El autor es analista laboral
