El Gobierno nacional confirmó formalmente la suspensión preventiva de 21.812 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, una decisión oficial comunicada desde la Casa Rosada tras auditar expedientes que arrastraban medidas cautelares judiciales y que, según dictaminó la Secretaría Nacional de Discapacidad, carecen de respaldos clínicos fehacientes o registran inconsistencias socioeconómicas incompatibles con el régimen de subsistencia que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La medida, que impacta de manera directa en los calendarios bancarios de todo el país, abre una ventana perentoria de 30 días hábiles para que los beneficiarios intimados presenten sus descargos y aporten historias clínicas actualizadas, en medio de un escenario de fuerte controversia donde los cruces de bases de datos detectaron desde múltiples inmuebles hasta aeronaves a nombre de supuestos titulares vulnerables, mientras en el Congreso avanza la discusión de fondo para extender la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El dictamen administrativo de la cartera de discapacidad se apoya en dos causales objetivas de exclusión:
Los beneficiarios que se encuentren alcanzados por la suspensión transitoria deben articular su defensa administrativa antes de que venza el plazo legal:
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
