El oficialismo en la Diputados busca cerrar acuerdos con los sectores aliados para garantizarle a la Casa Rosada la sanción del Presupuesto 2027. Con ese objetivo, las conversaciones están en pleno desarrollo entre los bloques aliados, el jefe de Gabinete, Diego Santilli,y el ministro de Economía, Luis Caputo. Mientras tanto, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, lleva adelante la estrategia parlamentaria.
La Libertad Avanza (LLA) todavía no definió la fecha para tratar la ley de gastos e ingresos del Estados. “Lo ideal sería el 18 de noviembre, ya que el 25 está previsto el informe de Santilli en el Senado”, le dijo a TN un diputado libertario.
La presentación del jefe de Gabinete en la Cámara alta está prevista para el 25 de este mes. Santilli es una pieza fundamental en la discusión presupuestaria: no solo tiene bajo su órbita la administración central, sino que también debe seguir de cerca las negociaciones políticas con los aliados del PRO, la UCR, el MID, Argentina Federal, las fuerzas provinciales y Provincias Unidas.
Para llevar el debate al recinto el próximo 18 de noviembre, los dictámenes tendrían que estar firmados un día antes. Para conseguirlo, el oficialismo necesita acercar posiciones y asegurarse los 129 diputados necesarios para iniciar una sesión especial.
Sin embargo, a medida que se dilatan los tiempos para alcanzar un acuerdo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Alberto Benegas Lynch, las diferencias se profundizan y los reclamos y exigencias aumentan.
Los planteos no se limitan a los pedidos de los gobernadores por fondos específicos para obras públicas y partidas especiales destinadas a las personas con discapacidad y a las universidades nacionales. También empezaron a aparecer en las negociaciones demandas vinculadas con la sanción de algunas leyes paralelas al Presupuesto 2027.
Desde Córdoba y Santa Fe reclaman modificaciones a la Ley de Biocombustibles, que ya cuenta con la sanción del Senado. Los intendentes, por su parte, acudieron en grupo a la Cámara de Diputados para solicitar cambios en la distribución de los fondos provenientes del impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y en los subsidios al transporte público de pasajeros.
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La semana pasada, los jefes comunales se reunieron en la Comisión de Asuntos Municipales, encabezados por el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini. En ese momento además reclamaron el restablecimiento del Programa Remediar, que depende del PAMI. Su cobertura quedó reducida: pasó de brindar 126 medicamentos a los jubilados a ofrecer apenas seis.
La propuesta del peronismo
Desde el bloque de Unión por la Patria (UxP), que conduce Germán Martínez, se presentó una propuesta para distribuir los fondos de las provincias que administra el Estado nacional, entre ellos los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Ante el avance del fenómeno climático de El Niño y el fuerte impacto de las inclemencias meteorológicas en distintas regiones del país, la bancada de diputados de UxP presentó un proyecto de ley para autorizar la distribución excepcional e inmediata de los ATN acumulados por el Gobierno nacional.
Según explica la iniciativa, a septiembre de 2026, la administración del presidente Javier Milei mantenía acumulados $2,2 billones en concepto de ATN sin distribuir entre las provincias. En ese contexto, el proyecto propone liberar la mitad de esos fondos —$1,1 billones— para destinarlos directamente a tareas de prevención, atención de emergencias y reconstrucción. El 50% restante permanecería como reserva del Tesoro para afrontar eventuales contingencias futuras.
En cuanto al criterio de distribución, los diputados Martínez y Ariel Rauschenberger, autores de la iniciativa, establecen que el 25% del monto destinado a las provincias se repartirá en partes iguales entre las 23 jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El 75% restante se distribuirá de acuerdo con los coeficientes de coparticipación federal vigentes.
Los legisladores consideraron que era una asignación excepcional, de finalidad específica y por única vez, destinada a financiar obras preventivas, brindar respuestas inmediatas ante la emergencia climática y ejecutar obras de reconstrucción frente a inundaciones y lluvias extremas.
“Esos 2,2 billones de pesos son recursos que por derecho corresponden a las provincias y hoy se encuentran frenados sin uso. Necesitamos que ese dinero vuelva rápidamente a los territorios para cuidar a la gente y amortiguar los daños del fenómeno de El Niño”, sostuvo Martínez.
El debate
El proyecto entró el pasado 15 de septiembre y, por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, expusieron funcionarios de distintas áreas del Gobierno: desde el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, hasta los responsables de Educación, el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
En materia de educación superior, la iniciativa del Poder Ejecutivo contempla $7,7 billones para las universidades nacionales en 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. La diferencia entre ambas propuestas asciende a $3,3 billones.
El oficialismo busca acercar posiciones sobre ese monto con la bancada de la UCR, que conduce la mendocina Pamela Verasay. Sin embargo, el radicalismo también exige partidas presupuestarias para obras viales y de infraestructura.
El PRO, encabezado por Cristian Ritondo, busca garantizar los fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Además, reclama una reducción del IVA para los huevos y sus derivados, del 21% al 10,5%, tal como solicitó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
El proyecto de Presupuesto también contempla las proyecciones macroeconómicas presentadas por Guberman, el secretario de Hacienda: un crecimiento de la economía del 4%, una inflación acumulada del 18% para diciembre de 2027 y un dólar a $1848.
En este contexto, el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, dejó una advertencia: “El presupuesto 2027 proyecta un crecimiento anual del 4% y una inflación del 18%. Ambas metas son un dibujo incumplible. Además, sigue desfinanciando a las universidades, las provincias, la infraestructura federal, la ciencia y la tecnología. En este contexto político, lo más probable es que el gobierno nacional prefiera no tratarlo y prorrogar el presupuesto 2026, para asegurarse la profundización del ajuste sin más trámites”, le dijo a este medio.
