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    Un fallo de la Corte que desbarató la estrategia de Tapia y Toviggino amparada por sectores de la política y la justicia

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    Un fallo de la Corte que desbarató la estrategia de Tapia y Toviggino amparada por sectores de la política y la justicia

    La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar que el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, deje la causa por la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y se la pase al juez federal porteño Daniel Rafecas, desbarata la estrategia de los dirigentes futbolísticos que tuvo apoyo de sectores de la política y de la Justicia. Toviggino es muy cercado al ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y fue asesor del ex presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

    Detrás de esta decisión existe una historia de maniobras judiciales, apoyos políticos y disputas de poder para determinar quién debía investigar el origen de los fondos utilizados para comprar una propiedad valuada en 17 millones de dólares y donde el juez de Casación, Carlos Mahiques, festejó su cumpleaños.

    El magistrado de Campana se había convertido en el juez preferido de los dirigentes de la AFA. Durante seis meses, la investigación sobre el verdadero origen de los fondos de la mansión registró escasos avances sustanciales a la espera de una pericia judicial que aún no llegó, rechazando a Elisa Carrió como querellante e impidiendo a la opinión pública saber cómo marchaba la causa.

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    No se trataba de una simple discusión burocrática sobre qué tribunal debía intervenir. Estaba en juego quién controlaría una investigación que puede comprometer a los dos hombres más poderosos del fútbol argentino, a jueces, políticas, empresarios y fiscales que frecuentaban la mansión con canchas de fútbol, padle, caballos y un mini casino.

    La causa había comenzado en manos del juez Rafecas, pero una sucesión de planteos de las defensas y decisiones judiciales permitió desplazarla hacia el juzgado federal de Campana, gracias a un simple mail del monotributista Luciano Pantano, quien sería un testaferro de Toviggino.

    Uno de los argumentos utilizados fue la ubicación de la mansión en Pilar dentro de la jurisdicción del juzgado de Zárate-Campana. También se invocaron conexiones con otras investigaciones vinculadas con la AFA para justificar la intervención de González Charvay.

    La estrategia encontró respaldo en sectores de la Justicia y se desarrolló en medio de las relaciones políticas que Tapia y Toviggino construyeron durante años alrededor del negocio del fútbol.

    El desplazamiento del juez porteño Marcelo Aguinsky fue uno de los capítulos centrales de esa disputa. Las defensas de los presuntos testaferros cuestionaron su intervención y buscaron que la causa cambiara de jurisdicción. Y lo lograron solo enviando un mail al juzgado de Zárate-Campana.

    La mansión figura a nombre de Luciano Pantano, un monotributista, y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La Justicia investiga si ambos actuaron como prestanombres y si se utilizaron fondos de origen ilícito.

    La controversia llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, donde los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña avalaron que la investigación continuara en Campana. Barroetaveña, que fue presidente de la comisión de Etica de la AFA, rechazó excusarse como le pidió Carrió y Borinsky cambió de criterio. Un total de 26 jueces integraron las comisiones de Etica y Disciplina de la entidad madre del fútbol argentino.

    El fallo de la Corte es muy duro con esa resolución de Borinsky y Barroetaveña. Dice que en este caso «se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable».

    Y jueces de la Cámara Federal de San Martín también contribuyeron a ese cambio de competencia decidido entre gallos y madrugadas. Las defensas llevaron el conflicto a ese tribunal y el trámite se prolongó hasta que terminó el turno del juez Juan Pablo Salas y comenzó el de Alberto Lugones. Y éste como argumento dio por legal el «traslado» de la sede de la AFA del histórico edificio de la calle Viamonte 1366 en la CABA al baldío de Pilar, pese a que la IGJ no lo había autorizado.

    Esa decisión constituyó una victoria judicial para las defensas y consolidó, al menos transitoriamente, la posición de González Charvay frente a los magistrados porteños que reclamaban intervenir.

    Pero los fiscales no aceptaron el traslado. El fiscal general Mario Villar presentó un recurso extraordinario y, después de su rechazo, acudió directamente a la Corte Suprema.

    El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, respaldó ese planteo con un dictamen que puso en cuestión los fundamentos utilizados para mantener la investigación en Campana.

    Casal denunció una «prístina y grosera» violación de las reglas de competencia y advirtió que la ubicación de la propiedad no era suficiente para justificar el traslado de una causa por lavado de dinero.

    Tampoco se habían acreditado allí domicilios, sedes societarias o actos jurídicos relevantes que justificaran concentrar en ese juzgado una investigación de semejante importancia.

    La intervención de González Charvay tampoco se limitó a la mansión. El magistrado había reclamado otros expedientes vinculados con la AFA, entre ellos investigaciones por presuntas maniobras financieras y administración fraudulenta. Y en una polémica decisión, sobreseyó al entorno familiar y societario de Toviggino en una causa por lavado de dinero iniciada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón.

    Esa pretensión de concentrar causas encendió las alarmas de los fiscales, que advirtieron sobre el riesgo de apartar investigaciones de los tribunales que debían intervenir conforme a las reglas legales.

    En paralelo, las disputas por la cobertura de cargos judiciales en la jurisdicción de Campana alimentaron las sospechas sobre la influencia de sectores políticos y judiciales en torno de las causas que afectan a la AFA.

    Esos episodios forman parte del contexto político del enfrentamiento, aunque no permiten afirmar, sin otras pruebas, que existiera un acuerdo ilícito para beneficiar a Tapia o Toviggino.

    Lo cierto es que la sucesión de recursos, cambios de competencia y conflictos entre tribunales consumió meses que podrían haberse destinado a investigar el origen del dinero de la mansión.

    Durante ese período quedaron pendientes respuestas centrales: quién financió realmente la adquisición, cuál fue el recorrido del dinero y si la propiedad forma parte de una maniobra de lavado.

    La decisión de la Corte representa ahora una derrota para la estrategia judicial que permitió mantener el expediente en manos de González Charvay.

    También significa un límite a la utilización de las disputas de competencia como mecanismo capaz de demorar investigaciones sobre hechos de corrupción o lavado de dinero, llamadas operaciones de «Forum Shopping» (elegir al juez amigo).

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    Fuente: Clarín – Política — ver publicación original.

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