El Gobierno nacional rechazó el despliegue oficial de la hermana del rey Carlos III y exigió retomar el diálogo por la soberanía. La gira real coincidió con el histórico litigio internacional en Hamburgo para frenar la explotación petrolera unilateral del Reino Unido en el Atlántico Sur.
El desembarco oficial de la princesa Ana en las Islas Malvinas y Georgias del Sur encendió una fuerte respuesta diplomática de la Argentina. A través de un comunicado oficial, la Cancillería, dependiente de Pablo Quirno, repudió las actividades de la integrante de la Familia Real británica, denunciando que se desarrollan bajo una ocupación ilegal y exigiendo la inmediata reapertura de las negociaciones soberanas.
El mensaje del Palacio San Martín apuntó directamente al trasfondo económico del viaje: “Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”, advirtió el Gobierno.
Además, las autoridades argentinas reclamaron que Londres ponga fin a lo que calificaron como una «anacrónica situación colonial», apoyándose en la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los sucesivos mandatos del Comité Especial de Descolonización.
La hermana del rey Carlos III llegó a las islas el pasado lunes 9 de noviembre acompañada por su esposo, el vicealmirante Sir Tim Laurence, y permanecerá en el territorio hasta el próximo viernes 20. Durante su estadía, la comitiva británica desplegó una intensa agenda que incluyó:
La presencia real en el Atlántico Sur no fue casualidad en el calendario: la princesa aterrizó exactamente un día antes de que la Argentina llevara formalmente el caso del yacimiento Sea Lion ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, Alemania.
Por primera vez en la historia, ambos países debatieron frente a un panel de 21 jueces por los recursos marítimos en disputa. La delegación argentina —encabezada por María Ibarzabal Murphy y el embajador Mario Oyarzábal— exigió cuatro medidas cautelares urgentes para frenar las perforaciones de las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, advirtiendo que un eventual derrame tiene un 30% de probabilidades de alcanzar aguas argentinas en apenas 30 días.
Mientras la defensa británica intentó desestimar el reclamo alegando falta de competencia del tribunal y citando discursos del presidente Javier Milei ante la ONU, la representación nacional ratificó la vía pacífica y el apego al derecho internacional. La definición clave del tribunal sobre el freno a la explotación petrolera se conocerá el próximo 28 de noviembre.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.












