Este viernes se reanudó el juicio de los casos Hotesur-Los Sauces, que tiene como principales acusados a Cristina y a Máximo Kirchner. Se dio inicio a la lectura del requerimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se dio cuenta de la “existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente”, gracias a un acuerdo de voluntades de los expresidentes, su grupo familiar, empresarios beneficiados con contratos públicos y otras personas de su confianza.
Los expedientes que, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal se juzgan de manera conjunta, se concentraron en las dos empresas de la familia Kirchner: Los Sauces, una inmobiliaria cuyos dos inquilinos centrales fueron Lázaro Báez y Cristóbal López (el 88% de la facturación), y Hotesur, dueña del Alto Calafate.
Según determinó la justicia, ambas firmas fueron utilizadas como pantalla para el lavado de activos.
Dando continuidad a esta primera etapa en la que se leen los requerimientos de elevación a juicio, es decir, un detalle de la maniobra investigada, las acciones desplegadas por los imputados y los delitos atribuidos a cada uno, se comenzó a escuchar la acusación formulada por la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de la causa Los Sauces.
La UIF recordó que el caso se inició el 4 de abril de 2016 con la denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer, cuya investigación comprobó la “existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, su grupo familiar, empresarios beneficiados con contratos públicos y otras personas de su confianza”.
La organización criminal, dijo la UIF, “fue montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.
A la hora de explicar la configuración del delito principal, la UIF sostuvo en su requerimiento que dicha asociación ilícita fue integrada, “cumpliendo cada uno de los mencionados distintos roles que luego serán detallados, por los exprimeros mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández; sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner; los amigos personales y socios comerciales de los expresidentes Lázaro Báez, Carlos Sancho y Osvaldo Sanfelice”.
La lista de involucrados sigue: “el contador de la exfamilia presidencial y sus empresas, Víctor Manzanares; los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa; la sobrina del exmatrimonio presidencial, Romina Mercado; los integrantes del Grupo Báez, Martín Báez y Emilio Carlos Martín; y los escribanos Jorge Ludueña y Leandro Albornoz”.
Esta asociación delictiva “funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y fuera de ella, a través de la instauración de una ingeniería societaria, contable y legal que le permitiría apoderarse de fondos públicos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero, con la finalidad de que se incorporen al patrimonio de los expresidentes y su grupo familiar primario, con la apariencia de un origen lícito”.
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