La organización Human Rights Watch acusó a los hutíes de posibles crímenes de guerra por privar a los civiles de alimentos, agua y medicinas en Taiz, luego de que un ataque con explosivos contra una ruta de abastecimiento limitó aún más el ingreso de productos básicos a la ciudad yemení.
La entidad revisó fotografías, videos e imágenes satelitales de la zona y sostuvo que los daños en una alcantarilla eran compatibles con una detonación bajo la superficie. Un familiar de un testigo relató: “Fue una explosión masiva y aterradora; todos se despertaron. Las rocas llegaron hasta mi casa”.
Residentes y otras personas consultadas indicaron que los hutíes controlaban Al Turba desde el 4 de octubre. Según Human Rights Watch, no se registraron combates terrestres en el sector durante la noche del ataque ni movimientos de tropas gubernamentales que intentaran ingresar al área.
La explosión del 18 de octubre ocurrió después de un ataque previo contra la misma carretera, entre la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre. En ese caso, una alcantarilla cercana al mercado de Souq al-Wahati resultó dañada. La organización no pudo determinar de forma concluyente quién ejecutó esa primera acción.
Fuerzas alineadas con el Gobierno yemení recuperaron el sector tras aquel episodio y cubrieron el tramo afectado con tierra para permitir una circulación limitada. Las autoridades restringieron luego el tránsito por temor a nuevos ataques, aunque algunos vehículos lograron transportar harina a Taiz antes de la segunda explosión.
Los hutíes rodearon la ciudad desde 2015, en el marco de la guerra contra el Gobierno reconocido internacionalmente. Algunas vías volvieron a abrirse en 2024, pero la actual ofensiva insurgente cerró de nuevo los accesos terrestres y dejó a la población con pocas opciones para abastecerse.
El Programa Mundial de Alimentos comunicó el 14 de octubre que no pudo acceder a más de 600.000 personas de Taiz que dependían de asistencia humanitaria. El organismo advirtió que las reservas de harina de trigo estaban cerca de agotarse y que la comida disponible en los mercados podía durar poco tiempo si persistían las restricciones.
La escasez de combustible provocó aumentos en los precios de productos de consumo. Human Rights Watch recogió testimonios que señalaron que el valor de las verduras se duplicó, mientras el gas para cocinar subió un 400 %.
La falta de diésel también redujo la producción de agua. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas indicó que las bombas de extracción funcionaron con limitaciones y que el suministro se redujo a la mitad durante las últimas semanas.
Buena parte de los habitantes dependía de camiones cisterna para conseguir agua potable. El costo de ese servicio se triplicó, según Naciones Unidas, lo que dejó a muchas familias con mayores dificultades para cubrir sus necesidades diarias.
Los hospitales afrontaron problemas similares. Médicos locales informaron que pacientes con cáncer, enfermedades renales y otras patologías crónicas encontraron obstáculos para llegar a los centros sanitarios desde las áreas periféricas. Varios establecimientos registraron faltantes de anestesia, oxígeno y combustible para los generadores.
El coordinador humanitario de Naciones Unidas en Yemen, Laurent Bukera, dijo que el sistema sanitario de Taiz estaba “cerca del colapso”. Los cortes eléctricos amenazaron los cuidados intensivos, las diálisis y los tratamientos para recién nacidos.
La Organización Mundial de la Salud incluyó a Taiz entre las zonas más afectadas por el brote de cólera en Yemen. La provincia concentraba cerca de 126.000 desplazados internos de los aproximadamente 276.000 registrados en todo el país hasta el 24 de octubre.
El organismo señaló que las condiciones en los refugios, la falta de agua, las deficiencias de saneamiento y la interrupción de la recolección de residuos aumentaron el riesgo de enfermedades. Parte de los insumos médicos enviados a Taiz quedó almacenada en Adén por las restricciones sobre las carreteras.
Human Rights Watch recordó que el derecho internacional humanitario prohíbe emplear el hambre de los civiles como método de guerra y destruir bienes indispensables para su supervivencia. La organización sostuvo que el ataque contra la carretera podría constituir un crimen de guerra si buscó impedir el acceso de la población a productos esenciales.
(Con información de DPA y Europa Press)
Fuente: Infobae — Internacionales — ver publicación original.
