El fiscal federal Eduardo Taiano volvió a defender su decisión de sobreseer al presidente Javier Milei y a los otros diez involucrados en la causa del criptoescándalo $LIBRA luego de una presentación realizada por una fiscalía especializada en delitos de corrupción, que cuestionó severamente su trabajo y pidió que la causa se reabra.
El escrito presentado por Taiano funcionó como respuesta a la solicitud realizada el pasado 30 de octubre por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez.
Rodríguez se presentó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa, planteando además un pedido para que sea la PIA quien retome la investigación del criptoescándalo. Argumentó que hay medidas que quedaron sin tomar y pistas que no se avanzaron.
No solo eso, también cuestionó en muy duros términos la labor de Taiano. «Se tiene dicho que, por su carácter de sentencia definitiva, el sobreseimiento requiere la comprobación de una certeza negativa que jamás puede sustentarse en meras dudas. La resolución cuestionada no da razón bastante de la ineptitud manifiesta», fue el planteo de la PIA.
«Según se aprecia, el estado actual del caso, no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria», remató el organismo judicial que investiga corrupción.
Ante dicha mojada de oreja, Taiano respondió a través de un escrito en el que defendió su tarea.
Para el fiscal, «resulta cuanto menos sorpresiva la presentación» que lo cuestiona, al igual que «el conocimiento que presume tener el titular de la PIA sobre todas las medidas dispuestas o dejadas sin efecto en la causa vinculadas a las diferentes Unidades Fiscales».
Según argumenta, Rodríguez «no debería tener conocimiento de sus pormenores, toda vez que su acceso (al expediente) se encontraba finalizado».
El fiscal dijo, sin acceso al expediente, la presentación de Rodríguez está fundamentada en «afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos». Fue una devolución de chicanas, en la que Taiano tomó un textual del titular de la PIA en el que cuestionaba su decisión de «arrojar dudas» a un informe pericial que se había filtrado a la prensa.
En el cierre, Taiano volvió a argumentar que no es posible «imputarle a ninguno de los funcionarios públicos» los delitos que se investigaban, a la par que tampoco se detectó «perjuicio a las arcas del estado, tal como se encuentra fundado en mi extenso dictamen», planteó.
Sin embargo, el fiscal dijo que no planteará objeciones al pedido de la PIA y que le delegará a Martínez de Giorgi la decisión de si toma o no el pedido de Rodríguez. Será el juez el que deba resolver si reabre o no la causa.
La presentación de la PIA fue a pedido de dos ONG que funcionan como amicus curiae desde casi el comienzo de la causa. Se trata del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), representada por Pedro Biscay, y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), encabezado por Julián Alfie.
En su escrito, la PIA había argumentado que «el caso investiga si ‘LIBRA’ se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir. Según se aprecia, el estado actual del caso, no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria», remarca.
Además del planteo de la PIA que deberá resolver Martínez de Giorgi, la causa $LIBRA tiene una vía de sobrevida más. Se trata del recurso planteado por los damnificados que compraron la criptomoneda y se presentaron en queja ante Casación para reclamar que los vuelvan a reincorporar como querellantes. La Sala II definió que escuchará a las partes y tomará una decisión que podría darse recién a comienzos del año que viene.
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