El Congreso colombiano aprobó el presupuesto de gastos para 2027 por 634,9 billones de pesos, equivalentes a unos u$s206.655 millones, en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas públicas. El proyecto contempla un déficit fiscal previsto del 9,4% del PBI, que deberá ser financiado en gran parte con mayor endeudamiento.
La iniciativa fue respaldada tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes después de que el primer proyecto regresara al Ejecutivo para incorporar nuevas necesidades de financiamiento. Entre ellas se incluyeron recursos vinculados con la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en agosto.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reconoció ante el Congreso las dificultades que atraviesa el país y defendió el proyecto como una respuesta posible frente a la situación económica. «Este no es el presupuesto con el que hubiéramos querido comenzar nuestro mandato, pero es el presupuesto que podemos permitirnos dadas las condiciones actuales de la economía nacional», afirmó.
El monto aprobado representa un aumento significativo respecto del presupuesto vigente. Sin embargo, el Gobierno de Abelardo De La Espriella sostiene que buscará reducir el desequilibrio fiscal durante el próximo año mediante una reforma tributaria denominada «Ley de Rescate».
El objetivo oficial es llevar el déficit del 9,4% proyectado para 2027 al 7,2%, una cifra similar a la prevista para 2026. Para conseguirlo, la administración pretende combinar una reducción del gasto público con nuevas medidas de recaudación.
Choque entre el Gobierno y la Regla Fiscal por el déficit
La situación fiscal genera cuestionamientos entre distintos sectores. Juan Carlos Ramírez, titular del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, había advertido que las cuentas públicas podrían deteriorarse todavía más si se aprobaba el presupuesto en los términos planteados por el Ejecutivo.
El presidente De La Espriella, por su parte, atribuyó el deterioro de las finanzas nacionales a la gestión de su antecesor, Gustavo Petro, y señaló supuestos problemas de corrupción y manejo de recursos, aunque no presentó pruebas para respaldar esas acusaciones.
La aprobación del presupuesto marca uno de los primeros desafíos económicos importantes para la nueva administración, que deberá afrontar al mismo tiempo las consecuencias del terremoto y un escenario de elevado déficit y endeudamiento.
