La Libertad Avanza enfrenta una semana decisiva en la Cámara de Diputados, donde intentará conseguir los dictámenes de dos proyectos centrales para la administración de Javier Milei: el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Sin embargo, las negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores siguen abiertas y las diferencias por el reparto de fondos podrían obligar al oficialismo a postergar sus planes.
Los libertarios mantienen conversaciones contrarreloj para reunir los respaldos necesarios. Este martes será el turno del proyecto de soberanía nacional, mientras que entre el martes y el miércoles se definirá si existen condiciones para dictaminar el Presupuesto.
Los principales obstáculos están vinculados con el financiamiento universitario, los recursos para obras de infraestructura y las deudas de la Nación con las cajas jubilatorias provinciales. Los mandatarios provinciales buscan cerrar compromisos concretos antes de respaldar la iniciativa oficial.
El Gobierno negocia cambios en el proyecto sobre Malvinas para conseguir el apoyo de sus aliados
El oficialismo convocó para este martes, a las 16, a un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de Diputados para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por Milei.
La iniciativa será modificada a partir de los planteos de los bloques dialoguistas y de las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que podría tener la normativa en sus empresas.
El encuentro estará encabezado por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, presidentes de las respectivas comisiones. También están convocados Martín D’Alessandro y Norma Morandini, presidente y vicepresidenta de Poder Ciudadano.
Tras las exposiciones, Zapata evaluará si existen los votos necesarios para poner los dictámenes a consideración. Si el oficialismo no consigue los respaldos, la definición podría postergarse otra semana.
Desde el Congreso y la Casa Rosada sostienen que las negociaciones continúan y que la diputada Silvana Giudici está encargada de acercar posiciones con los bloques aliados.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las facultades militares que contempla el proyecto.
El diputado Eduardo Falcone, del MID, advirtió: “El proyecto incluye un protocolo militar por el cual el Presidente podría disponer eventuales actos bélicos contra buques o aviones hostiles. El MID reclama que esos actos deben ser autorizados por el Congreso, tal como lo dispone la Constitución Nacional. Ya sufrimos un drama nacional cuando el Congreso estaba cerrado. Ahora está funcionando”.
Según las negociaciones en curso, el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar modificaciones e incorporar un plazo de 48 horas para comunicar las novedades a la comisión bicameral que se crearía para supervisar al Consejo de Seguridad.
La iniciativa también establece un nuevo régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Entre sus disposiciones contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para personas y empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina.
Los sancionados podrían quedar impedidos de contratar con el Estado, realizar determinadas actividades económicas o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
Además, el texto propone modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.
Presupuesto 2027: los gobernadores exigen fondos y las universidades reclaman $11 billones
El segundo frente de negociación del Gobierno está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde La Libertad Avanza pretende conseguir un dictamen esta semana.
El principal obstáculo es la falta de acuerdos sobre los recursos destinados a las provincias y el financiamiento de las universidades nacionales.
Los gobernadores reclaman partidas para obras de infraestructura y el pago de las deudas que mantiene la Nación con las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la ANSES.
El proyecto oficial contempla más de $500.000 millones para las cajas jubilatorias, aunque todavía no está definido cómo se distribuirán esos recursos entre los 13 sistemas provinciales involucrados.
Las negociaciones también están condicionadas por el calendario parlamentario. Varios legisladores viajarán a Estados Unidos para seguir las elecciones de medio término y la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, incluirá feriados que afectarán la actividad legislativa.
Pese a estas dificultades, el oficialismo busca mantener el 18 de noviembre como fecha para debatir el Presupuesto en el recinto.
“De esa manera le damos tiempo al Senado para que lo apruebe”, explican desde el bloque libertario.
Este martes, a las 11, está prevista la exposición de dos funcionarios del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger: Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y Maximiliano Fariña, secretario de Transformación.
Según fuentes cercanas a Bertie Benegas Lynch, serían los últimos funcionarios en presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda antes de intentar avanzar con los dictámenes.
Otro de los puntos más conflictivos es el financiamiento universitario.
Mientras el proyecto del Poder Ejecutivo contempla $7,7 billones para las universidades nacionales en 2027, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones, una diferencia de $3,3 billones.
Durante sus exposiciones ante los diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron la propuesta oficial y cuestionaron las demandas de los rectores.
“Durante décadas prevaleció la premisa de que incrementar el gasto aseguraba un mejor resultado educativo. La evidencia demostró lo contrario: aumentaban las partidas y el aprendizaje se deterioraba. Ahora el Ministerio de Capital Humano busca establecer un nuevo paradigma, pasando de un gasto centralizado e ineficiente hacia una inversión educativa transparente y enfocada en el aprendizaje”, planteó Torrendell.
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Por su parte, Álvarez cuestionó el pedido de mayores recursos para salarios universitarios. “Piden más salario, todavía más por encima de lo que el Estado ya ha asignado. Los salarios de docentes y no docentes están muy por encima del promedio del Estado nacional, con lo cual es un privilegio”, sostuvo.
El proyecto de Presupuesto también incluye las proyecciones macroeconómicas presentadas por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman: un crecimiento de la economía del 4%, una inflación acumulada del 18% para diciembre de 2027 y un dólar a $1848.
Con estas diferencias todavía abiertas, el Gobierno deberá definir si consigue los apoyos necesarios para avanzar con los dos dictámenes o si posterga las decisiones para continuar negociando con sus aliados y los gobernadores.
