El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en el alineamiento tecnológico con Estados Unidos y adoptó un estándar de seguridad que restringe la participación de empresas chinas en el negocio de las telecomunicaciones. La medida alcanza inicialmente a las compras del Estado nacional, incluyendo a la empresa tecnológica estatal Arsat, pero podría extenderse a los operadores privados que utilizan equipamiento de Huawei y ZTE en sus redes.
La decisión quedó formalizada con la publicación de la Disposición 7/26 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que establece nuevos requisitos técnicos para la contratación, instalación y operación de equipamiento destinado a infraestructuras críticas de telecomunicaciones. La norma toma como referencia la certificación SCS 9001, desarrollada por la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación empresarial estadounidense, que se usó para la licitación 5G en Paraguay y quedó envuelta en fuertes polémicas.
Los cambios responden a un pedido expreso de la Casa Blanca para limitar el acceso de empresas chinas a un sector considerado estratégico para la seguridad de las comunicaciones. La medida se conoce en medio de las gestiones de Washington para reducir la presencia de proveedores tecnológicos chinos en las redes de la región, en el marco de la relación especial entre Milei y Donald Trump.
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, respaldó la decisión y expresó este viernes en redes sociales: «Es alentador ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica de telecomunicaciones. Un mercado libre no debe ser un mercado ciego: la seguridad de las cadenas de suministro y la adopción de estándares internacionales brindan la certidumbre que el capital privado necesita para invertir a largo plazo».
En cambio, desde la filial local de la empresa china Huawei señalaron que «la compañía recibió con sorpresa y preocupación la publicación de esta resolución, cuyos requisitos limitan de hecho la participación de proveedores con décadas de trayectoria y cumplimiento en el país. Huawei entiende que las reglas de contratación deben garantizar igualdad de condiciones y competencia, y evaluará con sus equipos legales todas las alternativas a su alcance».
Es alentador ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica de telecomunicaciones. Un mercado libre no debe ser un mercado ciego: la seguridad de las cadenas de suministro y la adopción de estándares internacionales brindan la certidumbre…
Es que la TIA no es un organismo público, sino una asociación privada de la industria de las telecomunicaciones. Su certificación SCS 9001 evalúa los procedimientos de seguridad de los fabricantes y proveedores a lo largo de la cadena de suministro. Pero sus reglas impiden certificar a empresas incluidas en determinadas listas de restricciones del Gobierno estadounidense. Entre ellas figuran Huawei y ZTE, dos de los principales fabricantes chinos de equipamiento para telecomunicaciones.
Uno de los puntos de mayor interés para el mercado argentino es el impacto sobre los prestadores de servicios de telecomunicaciones que utilizan tecnología de fabricantes chinos. Según datos del sector, uno de los principales operadores de telefonía móvil tiene cerca del 70% de su red montada con tecnología Huawei, mientras que otro de los grandes prestadores utiliza equipamiento de esa compañía en su red fija.
La Disposición no impone todavía nuevas obligaciones a las empresas privadas. Pero el artículo 9 le encomienda al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) evaluar si incorpora estos requisitos a los procedimientos de homologación de materiales y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Si el organismo avanza con esa extensión, podría modificar las condiciones para utilizar equipamiento de determinados fabricantes en las redes privadas. Las empresas que trabajan con proveedores chinos deberían revisar sus compras futuras y sus planes de renovación de equipos, con posibles consecuencias sobre los costos de inversión y los plazos de despliegue de nuevas tecnologías.
La norma no ordena reemplazar los equipos ya instalados ni prohíbe la importación o comercialización de celulares chinos, pero podría avanzarse en esa dirección, especialmente porque tanto el ENaCom como el CNC dependen de Jefatura de Gabinete, que maneja Diego Santilli.
La Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC) difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por el impacto que podría tener la aplicación de la Disposición 7/26 sobre los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Si bien respaldó el objetivo de fortalecer la seguridad de las redes, la entidad cuestionó que las nuevas exigencias queden condicionadas a un único esquema privado de certificación, como el SCS 9001 de la TIA, que evalúa procesos de gestión pero no certifica por sí mismo la seguridad técnica de los equipos.
La entidad solicitó al ENaCom y a las autoridades competentes abrir «una instancia de diálogo y consulta pública» antes de avanzar con nuevas obligaciones. También reclamó que se acepten estándares internacionales reconocidos y que se respete el principio de neutralidad tecnológica, para evitar barreras que puedan afectar las inversiones, la competencia y la expansión de la conectividad. «Fortalecer la ciberseguridad y promover el desarrollo de la conectividad deben ser objetivos complementarios», sostuvo ATVC.
Una fuente de la industria consultada por Clarín cuestionó que la certificación SCS 9001 se convierta en un requisito excluyente. Y mencionó como alternativa otros estándares internacionales, entre ellos ISO 27001, ISO 28000, Common Criteria y los esquemas NESAS y SCAS. Además, destacó la falta de un análisis del impacto económico de la medida. Según planteó, no se calcularon los costos de certificación, la eventual sustitución de equipos ni las consecuencias para las cooperativas y los pequeños operadores del interior del país. Y advirtió sobre posibles conflictos con el principio de neutralidad tecnológica de la Ley Argentina Digital y con los compromisos asumidos por el país ante la Organización Mundial del Comercio.
La Disposición 7/26 fue firmada por Walter Fabián Agüero, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, organismo que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete. Lo hizo al día siguiente de que el Gobierno formalizó su designación, luego de la renuncia del anterior director, Ariel Waissbein, quien el mes pasado dimitió enojado porque le levantaron intempestivamente un evento sobre ciberseguridad donde iban a participar proveedores chinos, entre otros expositores.
La nueva normativa establece que los organismos del Estado nacional, incluidas las empresas y sociedades estatales, deberán incorporar los nuevos requisitos en sus pliegos y contratos para comprar, instalar u operar equipamiento destinado a infraestructuras críticas de telecomunicaciones.
La norma fija un plazo de 90 días para identificar esas infraestructuras y clasificar los equipos según su nivel de riesgo. También contempla un período transitorio de 36 meses para acreditar que los fabricantes iniciaron el proceso de certificación, aunque esa alternativa no estaría disponible para las compañías que no pueden registrarse ante la entidad estadounidense, como las chinas Huawei y ZTE.
Durante su visita a la Argentina, hace dos semanas, el subsecretario de Estado de EE.UU. Christopher Landau anunció que su país financiará con US$ 15 millones un programa para colaborar con la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad. El embajador Peter Lamelas también advirtió sobre los riesgos que, a criterio de Washington, representa el uso de tecnología china en sectores estratégicos.
La decisión argentina tiene muy pocos antecedentes en otros países, como Paraguay, que incorporó la certificación SCS 9001 en una reciente licitación para el despliegue de redes 5G, que estuvo envuelta en fuertes polémicas. Ahora la atención del sector estará puesta en la decisión que tome el ENaCom y en sí el Gobierno extiende a los operadores privados un requisito que, por el momento, alcanza a las compras estatales, pero que podría terminar afectando a los usuarios de telefonía celular.
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