Pablo Quirno destacó la aprobación unánime de un Comunicado Especial sobre la Cuestión de las Malvinas durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos, celebrada en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El documento volvió a respaldar la posición argentina y reclamó la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido por la soberanía de las islas.
La decisión reunió el acuerdo de todos los ministros iberoamericanos en un momento en que el Gobierno argentino cuestiona el avance de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. La objeción se centra en las licencias otorgadas por el Reino Unido a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum para desarrollar el proyecto Sea Lion.
“El espacio iberoamericano reafirma, una vez más, su respaldo a la República Argentina”, sostuvo Quirno al comunicar la aprobación. También definió a Malvinas como “una causa sagrada para los argentinos” y vinculó el pronunciamiento regional con la estrategia diplomática y judicial desplegada por el país.
El comunicado aprobado por unanimidad pide que los gobiernos argentino y británico retomen “a la mayor brevedad posible” las conversaciones sobre la disputa. A la vez, reconoce la disposición y la “actitud constructiva” de la Argentina para avanzar por la vía del diálogo.
La posición expresada por los ministros coincide con el reclamo que el país sostiene ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: resolver el conflicto de manera pacífica y diplomática, bajo las obligaciones previstas por el derecho internacional. Quirno afirmó que ese camino busca poner fin a una situación colonial que consideró anacrónica en el siglo XXI.
El respaldo iberoamericano se produjo mientras la Argentina impulsa un procedimiento internacional contra el Reino Unido por la explotación de recursos naturales no renovables en las aguas circundantes a las islas. El 28 de septiembre, el Estado argentino inició un arbitraje amparado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El reclamo por los recursos de la Cuenca Malvinas Norte
La presentación argentina no pretende que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie sobre la soberanía de las islas, una cuestión que continúa en el ámbito de las Naciones Unidas. La demanda se concentra en los derechos sobre los recursos marítimos y en las obligaciones ambientales previstas por la Convención.
El 13 de octubre, la Argentina solicitó medidas provisionales urgentes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir el comienzo de la explotación de recursos naturales no renovables. El pedido fue firmado en Hamburgo por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien actúa como agente del Estado argentino.
La estrategia plantea cuatro pedidos centrales: impedir que el Reino Unido autorice o permita el avance de Sea Lion; limitar el uso de información obtenida durante la exploración que pudiera perjudicar los derechos argentinos; exigir medidas de protección del medio marino; y evitar la emisión de nuevas licencias mientras continúe la controversia.
El proyecto Sea Lion es impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Prevé iniciar perforaciones de desarrollo en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028, según Infobae.
La delegación argentina que expondrá ante el tribunal incluirá funcionarios de la Cancillería, de la Secretaría Legal y Técnica y de la Procuración del Tesoro. La composición completa de la comitiva se mantiene en reserva por razones de estrategia y confidencialidad.
Las primeras audiencias orales fueron programadas para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. La Argentina expondrá el primer día entre las 10 y las 13, hora local, mientras que la representación británica lo hará entre las 15 y las 18.
La jornada siguiente prevé una segunda intervención argentina entre las 10.30 y las 12. El Reino Unido cerrará el procedimiento entre las 17.30 y las 19, ante los 21 jueces permanentes del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La Argentina cuenta entre los integrantes del organismo con la jueza Frida María Armas Pfirter, especialista en derecho internacional del mar y vicepresidenta del tribunal desde octubre. El Reino Unido, en tanto, designó al profesor emérito Vaughan Lowe como juez ad hoc para participar de las deliberaciones.
El canciller británico Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de intervenir en las actividades comerciales de la zona. El Gobierno del Reino Unido también confirmó que activará antes de fin de año una legislación para proteger a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration de eventuales sanciones.
