En medio de la incertidumbre sobre si se sesionará o no esta semana, un plenario de comisiones intentará dictaminar, pasado mañana, la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos, un tema ya debatido antes por el Congreso que, no obstante, quedó a mitad de camino.
Días atrás, las comisiones de Legislación General; y de Población tuvieron a la vista dos proyectos: el del peronista Pablo Bensusán (La Pampa) y el de la filo radical Edith Terenzi (Chubut). El oficialismo libertario, a cargo de Patricia Bullrich (Capital Federal), exigió cambios e insinuó un principio de apoyo a la patagónica, aunque las principales bancadas luego decidieron pasar a cuarto intermedio hasta este miércoles, donde se buscará una definición.
Según consta en la versión taquigráfica del reciente encuentro, el justicialista aseguró: “Hay algunas provincias que ingresan a los deudores alimentarios al registro cuando deben más de dos cuotas; otras, más de tres; otras, más de cinco. Eso se va a mantener: la facultad de cada provincia. El registro, lo único que va a hacer, es incorporar la información que le manden las provincias sin modificar los requisitos, en general, que tienen las jurisdicciones”.
Seguido a ello, el pampeano agregó: “No se crea ningún organismo nuevo. La idea es que esto funcione dentro del Ministerio de Justicia de la Nación. Obviamente, va a ser un programa, una base informática que se va a conformar, como les decía recién, con la información que manden todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de que adhiera cada una de ellas”.
Bensusán después destacó: “El proyecto prevé que haya sanciones a nivel nacional –es decir, a través de organismos nacionales, sin afectar las facultades provinciales–: que, en caso, por ejemplo, de que tengan que sacar un pasaporte, se les exija el registro de libre deuda nacional; por ejemplo, en el otorgamiento de concesiones, permisos y demás que otorga el Gobierno Nacional”. Y añadió que “también se prevé” la “prohibición de asistir a espectáculos públicos”.
Por su parte, Terenzi aclaró: “Una diferencia fundamental con lo que decía el senador Bensusán –que estoy segura de que en algún momento lo vamos a poder unificar y avanzar en un consenso– es que yo propongo que esta ley sea de orden público, justamente para no dar la posibilidad de que se adhieran o no las provincias, porque si algunas lo hacen y otras no, tendríamos un registro nacional ineficiente o, por lo menos, incompleto”.
La chubutense además dijo que su idea es “centralizarlo y no invadir jurisdicciones provinciales” y que, por ese motivo, su texto “tampoco tiene prohibiciones ni establece consecuencias de figurar en el Registro Nacional de Deudores Morosos, porque, en realidad, el deudor moroso ya tiene las consecuencias en su propia jurisdicción”.
Lo que pidió el oficialismo
Bullrich (Capital Federal) reclamó la falta de “los temas de carácter internacional, la posibilidad de adherir a una de las tarjetas de colores que existen en Interpol, porque en muchas ocasiones estas personas, si no existe un proceso penal, no podrán ser extraditadas por una causa así, pero sí encontradas en otros países del mundo”.
La porteña sugirió “analizar cuáles actividades se pueden realizar y cuáles no”. En ese sentido, resaltó: “Hoy ya existe un registro de deudores alimentarios a nivel nacional, cuyos inscriptos se encuentran entre las personas que no pueden concurrir a espectáculos deportivos. A dicho registro se están adhiriendo diversas provincias. Funciona en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la Dirección de Espectáculos, y no solamente comprende espectáculos deportivos, sino también de otro tipo de espectáculos. Es decir que ya existen antecedentes respecto a esto”.
“Creo que debe existir una delimitación precisa relativa a la salida del país. Eso tiene que estar claramente planteado con una orden judicial, ya que ninguna autoridad migratoria puede parar a un ciudadano en la frontera si no existe una orden judicial. Eso tiene que quedar claro”, finalizó Bullrich.
El plenario en cuestión aparece como una de las actividades de una agenda, por ahora, poco cargada en la Cámara alta. La expectativa principal está depositada en si el pleno irá al recinto el jueves para, entre otras cosas, sancionar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998. Diputados recién votó en agosto y lo modificó, con guiño a laboratorios locales. Por ese motivo es que el trámite se encuentra en segunda revisión y listo para ser finalizado.
Desde el oficialismo también se pretende aprobar una nueva ley de salud mental -ya dictaminada-, aunque dialoguistas pelean por más recursos y hay dudas. Todo esto, en medio de un clima tenso entre libertarios y aliados por promesas incumplidas desde la Casa Rosada. Quedará en manos de Bullrich y los jefes dialoguistas. En caso de acordar, habría una reunión de Labor Parlamentaria para cerrar un potencial temario.
