El Gobierno publicó nuevos requisitos técnicos de referencia que todos los organismos, empresas o sociedades del Estado nacional deberán empezar a cumplir a la hora de comprar, contratar, instalar u operar equipamiento para infraestructuras críticas de telecomunicaciones.
A través de la Disposición 7/2026 publicada el viernes en el Boletín Oficial se estableció que, de ahora en adelante, las adquisiciones públicas del sector solo pueden ser homologadas en la Argentina si cuentan con el certificado SCS 9001 emitido por la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación comercial de Estados Unidos que representa a fabricantes y proveedores de tecnología y equipos de telecomunicaciones.
Distintas fuentes oficiales consultadas por TN esgrimieron que, si bien hay una búsqueda de elevar los estándares de seguridad en la instalación de infraestructura estratégica, los cambios aplicados responden a un expreso pedido de la Casa Blanca para limitar el acceso de empresas chinas a un área sensible y crucial para Washington.
La TIA no es un ente público de los Estados Unidos, sino que funciona como una cámara empresarial que busca preservar los intereses de las empresas que la componen ante el Congreso norteamericano, gobiernos y reguladores. Busca tener un poder de lobby, que muchas veces se utiliza en tándem con políticas del Departamento de Estado.
En pocas palabras, tal como indica la disposición firmada por el recién asumido director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), Walter Fabián Agüero, dependiente de Jefatura de Gabinete, no se podrán hacer compras o contrataciones si no cuentan con el certificado SCS 9001.
Si bien el documento del Gobierno argentino no menciona empresas específicas, sí lo hacen las publicaciones de la TIA. Allí se indica que Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI, entre otras empresas chinas, no cumplen con los estándares para recibir las certificaciones pertinentes.
De esta manera, en caso de que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) también apruebe las disposiciones publicadas en el boletín oficial para los licenciatarios de servicios, las empresas mencionadas quedarán imposibilitadas de participar en compras, contrataciones o instalaciones de equipamiento para infraestructuras de telecomunicaciones. Cabe recordar que el ENACOM está intervenido por el Gobierno desde enero de 2024.
Durante su visita a la Argentina hace dos semanas, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció que Washington financiará un programa de 15 millones de dólares para “ayudar a la Argentina a establecer un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad”, dentro del paraguas del Centro Nacional de Ciberseguridad. Fue la expresión de una preocupación que la Casa Blanca viene repitiendo desde hace meses en público y en privado.
De hecho, un documento oficial del Departamento de Estado norteamericano titulado “Informe al Congreso sobre la protección de la infraestructura digital en los países en desarrollo” indica abiertamente que el estándar SCS 9001 se aplicó en Paraguay durante el proceso de licitación de las redes 5G para “impedir, en la práctica, que las empresas chinas compitan en las licitaciones, sin necesidad de excluirlas explícitamente”.
El embajador estadounidense, Peter Lamelas, celebró la decisión del Gobierno nacional en un mensaje en X publicado en su cuenta personal: “Es alentador ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica de telecomunicaciones. Un mercado libre no debe ser un mercado ciego: la seguridad de las cadenas de suministro y la adopción de estándares internacionales brindan la certidumbre que el capital privado necesita para invertir a largo plazo”.
TN supo que la figura de Santiago Caputo volvió a ser central para mediar entre la Casa Rosada y Washington. El asesor presidencial absorbió el control de áreas estratégicas y de prioridad para la Casa Blanca como represas, el plan nuclear –principalmente Atucha-, y cuestiones relativas a ciberseguridad y telecomunicaciones.
