Pablo Otero, el empresario tabacalero conocido como el “Señor del Tabaco”, celebró su casamiento con una fiesta para más de 800 invitados, en medio de la disputa millonaria que mantiene con el Estado por el pago de impuestos a los cigarrillos. El dueño de Tabacalera Sarandí enfrenta un reclamo tributario cuya magnitud todavía debe determinarse, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera a favor de la constitucionalidad del impuesto interno mínimo que la empresa cuestionó durante años.
La celebración se realizó el sábado en un exclusivo salón de la Costanera Norte y contó con shows musicales y figuras del espectáculo. Tocaron los Gipsy Kings, Ráfaga y Carlos Vives.
Sin embargo, el despliegue de la fiesta coincidió con un frente fiscal que podría derivar en una obligación de pago de miles de millones de dólares. La deuda, que incluye diferencias tributarias de varios años, podría oscilar entre US$ 1000 millones y US$ 2000 millones, según las estimaciones.
En agosto de 2025, la Corte Suprema declaró constitucional el impuesto interno mínimo al tabaco y revocó la sentencia de Cámara que había favorecido a Tabacalera Sarandí. Con esa decisión, el máximo tribunal rechazó el planteo de la compañía contra el gravamen establecido por la Ley 27.430, que rigió para el sector durante el período en discusión.
El conflicto se originó en 2018, cuando la empresa comenzó a cuestionar judicialmente la aplicación del impuesto. Las medidas cautelares que obtuvo durante el litigio le permitieron pagar un monto inferior al que correspondía por el componente mínimo del tributo, mientras comercializaba sus cigarrillos a precios más bajos que los de competidores que sí abonaban el gravamen completo.
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Según el planteo fiscal, esa diferencia impositiva favoreció la expansión de Tabacalera Sarandí en el mercado local: su participación habría pasado de alrededor del 5% a más del 40%. El impacto también alcanzó a la recaudación nacional, en un tributo que representa una fuente de ingresos para el Estado.
El fallo de la Corte dejó firme el criterio sobre la constitucionalidad del impuesto, pero la determinación del monto exacto que debe pagar la compañía requiere avanzar con la liquidación de las diferencias correspondientes a los períodos fiscales involucrados.
Una cuenta que podría superar los US$ 1000 millones
La deuda está alcanzada por el secreto fiscal y su monto definitivo debe surgir de las actuaciones correspondientes ante el Tribunal Fiscal de la Nación y de las determinaciones que realice la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La cifra deberá contemplar la diferencia entre el impuesto interno que la empresa abonó durante el período 2018-2024 y el mínimo establecido por la normativa, además de los intereses y las eventuales multas que correspondan. La velocidad con la que avance ese procedimiento será determinante para establecer cuándo y cuánto deberá pagar la tabacalera.
El alcance económico del caso excede la situación particular de la empresa. De acuerdo con un informe de la consultora ABECEB citado en el debate sobre el sector, el Estado nacional habría dejado de recaudar más de US$5800 millones por los conflictos vinculados con el pago de impuestos internos de las tabacaleras, principalmente por las controversias judiciales que permitieron a algunas compañías no abonar el componente mínimo.
La discusión combina así dos dimensiones: el cumplimiento de las obligaciones tributarias y las condiciones de competencia dentro de la industria. Mientras la Corte ya resolvió sobre la validez del impuesto, resta determinar el monto exigible y avanzar con los mecanismos necesarios para su cobro.
La Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) investiga presuntas maniobras con clientes falsos y operaciones sin respaldo económico que la tabacalera habría hecho durante el 2024, que replicarían un esquema observado dos años antes.
Según el fisco, Tabacalera Sarandí había recibido más de 33.600 millones de pesos entre 2021 y 2023 de parte de 23 distribuidoras mayoristas que, para el organismo, no tenían solvencia ni registraban actividad real.
