En enero de 2022, los hermanos Walter y Gilda Cividino tuvieron que cerrar durante un mes su empresa Química Rame, en Villa Luzuriaga, por un bloqueo del Sindicato de Químicos de Avellaneda que les impidió trabajar durante 10 días y que ocasionó una pérdida estimada entonces en más de 70 millones de pesos de lucro cesante.
El bloqueo incluyó activistas en actitud intimidatoria, bombos, redoblantes, neumáticos quemados, pintadas y pancartas, además de insultos y agresiones no sólo a los hermanos Cividino sino también a su mamá, de 75 años que estaba ayudando a sus hijos.
El conflicto, originado por la disputa de aquel gremio con el Sindicato de Químicos del Conurbano Sudoestepor la afiliación de 10 de los 29 empleados, terminó con 10 despedidos por las protestasy una causa penal que fue archivada, pero, sin embargo, avanzó una demanda laboral que ahora dio lugar a un fallo clave, en un sentido contrario a la sentencia del juez de San Nicolás Alejandro López, que absolvió a un líder de Camioneros y otros 6 imputados por considerar que el bloqueo a una pyme formó parte del “legítimo ejercicio de un derecho”.
La semana pasada, cuatro años después de aquellos hechos, el Tribunal del Trabajo N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó la demanda de un trabajador de Química Rame que reclamaba indemnización por despido y protección sindical tras participar en el bloqueo de esa fábrica de productos químicos: para los jueces, la empresa tuvo razones válidas para despedirlo y el operario no cumplía los requisitos legales para gozar de fueros gremiales.
Florencia Arietto, abogada de la empresa y actual senadora bonaerense de La Libertad Avanza, dijo a Infobae que se trata de “un fallo muy importante” ya que el bloqueo dio origen a “una causa penal que fue archivada, pero no por inexistencia de delito, sino por imposibilidad de identificar a los autores”, y ahora, por el juicio laboral, el tribunal de La Matanza rechazó la demanda del trabajador al considerar que “no era delegado porque había hecho una elección fraudulenta y, además, por haberse excedido en el derecho a huelga y haber impedido el trabajo a la empresa”.
En efecto, entre sus fundamentos, la sentencia firmada por los jueces Pedro Romano, Hernán Busetti y Marcelo Molaro dedicó una parte extensa de su análisis a distinguir entre el derecho de huelga, que la Constitución Nacional garantiza en su artículo 14 bis, y el bloqueo contra las empresas, que los magistrados consideraron una figura distinta y sin amparo legal.
Para ello, Molaro citó doctrina especializada reciente. Según el fallo, el bloqueo consiste en la interposición de obstáculos físicos —personas, vehículos, neumáticos en ignición, vallas— en los accesos a una empresa, con el fin de impedir tanto el ingreso como la salida de personas y bienes. Esa obstrucción coactiva lo diferencia del piquete, que sólo busca disuadir el ingreso de trabajadores mediante información y persuasión.
“La acción de bloqueo configura una vía de hecho de carácter obstructivo del establecimiento que, por lo tanto, no puede homologarse a la huelgas ni considerarse una especie legítima de acción sindical”, advierte el fallo del tribunal laboral.
Por eso los jueces consideraron que “la imposición por la fuerza de la clausura del establecimiento o una paralización general de éste, más allá de la afectación de las actividades relacionadas con la suspensión de tareas que provoca legítimamente la huelga, es una extralimitación del daño no comprendida en la nocividad estructural propia de este derecho constitucional”.
A continuación, en forma categórica, el tribunal dictaminó: “El bloqueo no encuentra amparo en ninguna norma del ordenamiento jurídico nacional ni internacional -en absoluto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ni en el Convenio 87 de la OIT, si bien en su artículo 3 proclama que las organizaciones de trabajadores (y de empleadores) gozan de libertad para ‘formular su programa de acción’, deja en claro en su artículo 8.1 que los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligadas a ‘respetar las legalidad’”.
Agregó que “la doctrina (de los órganos de control de la OIT) preserva, al mismo tiempo que la eficacia de la huelga, la intangibilidad de la libertad sindical individual negativa de los trabajadores no huelguistas, junto con la libertad de trabajo de éstos, como límites que las organizaciones sindicales y los trabajadores en huelga no pueden traspasar mediante métodos violentos como resulta ser el bloqueo de un establecimiento y la consecuente prohibición de ingreso al mismo”.
El reclamo judicial fue iniciadopor Silvio Chamorro, quien trabajó como chofer en la empresa desde el 12 de mayo de 2010 hasta el 12 de enero de 2022, a quien Química Rame despidió invocando pérdida de confianza. El trabajador rechazó las causas y demandó indemnizaciones que incluían, además del resarcimiento por despido común, una indemnización especial por estabilidad sindical, daño moral y otros rubros.
El tribunal, sin embargo, desestimó todas las pretensiones y cargó las costas del proceso al trabajador.
Según la reconstrucción judicial, Chamorro participó activamente en un bloqueo que cerró los cuatro accesos a la planta durante más de una semana. Los manifestantes colocaron autos en los portones, instalaron gazebos y quemaron neumáticos en la entrada de una empresa que almacena productos inflamables.
El juez Molaro, cuyo voto hicieron propio los otros dos magistrados, enumeró las pruebas que lo convencieron: las declaraciones de cinco testigos propuestos por la empresa, los testimonios recogidos por la fiscalía penal interviniente y dos actas notariales labradas en el lugar durante los días del conflicto.
El testimonio del escribano Marcelo Ariel Girola Martini fue uno de las declaraciones que el tribunal valoró con especial atención. Declaró que se constituyó en el lugar el 29 de diciembre de 2021 a las 17 y encontró los cuatro accesos cortados, gomas quemadas ya consumidas y vehículos bloqueando los ingresos. Al día siguiente, el 3 de enero de 2022, volvió a las 8 y la situación se había agravado. “Cuando entré cortaron más la calle, la avenida Bufano. Esta gente no estaba adentro del lugar, sino que estaban en el exterior y lo que hacían era cortar la calle y bloquear los cuatro accesos a fin de impedir el ingreso al personal”, declaró ante la fiscalía penal.
La decisión de la empresa de despedir a Chamorro se fundó en la pérdida de confianza derivada de su participación en el bloqueo. El tribunal concluyó que efectivamente esa conducta constituyó lo que la ley denomina “injuria laboral”, es decir, un incumplimiento grave que haga imposible la continuación del vínculo.
Para ello ponderaron que el bloqueo impidió el ingreso de personas y mercaderías durante varios días, generó pérdidas económicas cuantiosas a la empresa y afectó a trabajadores que no adhirieron a la medida. Varios testigos —entre ellos empleados administrativos y el jefe de planta— declararon que durante más de una semana no pudieron ingresar a su lugar de trabajo.
El tribunal también tomó en cuenta la posición de Chamorro en el conflicto. El trabajador se presentaba en la demanda como subdelegado general del sindicato, es decir, como uno de los organizadores de la medida. Eso descartaba, según los jueces, que hubiera actuado bajo presión o confusión sobre la legalidad de las acciones.
“Los hechos probados constituyeron falta disciplinaria grave que justifican el despido patronal y denotan un comportamiento antisocial y reprochable del dependiente”, concluyó el voto del juez Molaro, que los otros dos magistrados suscribieron en su totalidad.
Chamorro reclamó además la indemnización especial prevista para los representantes gremiales, que según la ley es de 2 a 10 veces superior a la indemnización común. Para eso alegaba haber sido electo subdelegado general en comicios celebrados el 1° de octubre de 2021.
El tribunal rechazó esa pretensión por dos razones independientes, cada una suficiente por sí sola.
La primera: Chamorro no tenía el año de afiliación mínima que exige la ley. El propio Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes (SPIQyP), con sede en Avellaneda, informó en respuesta a un oficio judicial que el trabajador se había afiliado recién el 9 de febrero de 2021, ocho meses antes de la elección. La ley 23.551 requiere un mínimo de 12 meses de antigüedad en la afiliación para poder ser candidato.
La segunda: los comicios no cumplieron las formalidades legales mínimas. Un testigo propuesto por el propio Chamorro —que también mantiene un juicio laboral contra la empresa— declaró que la votación se realizó fuera del horario de trabajo, en la vereda de la fábrica, que no hubo urna, que el voto fue cantado y que todo el acto “no duró nada”.
La ley exige que las elecciones sindicales se realicen en el lugar de trabajo, en horario laboral, y mediante voto directo y secreto. Ninguna de esas condiciones se verificó. “Resulta evidente a todas luces que en el presente caso no se ha dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en la norma obligatoria de aplicación, por lo que no cabe más que concluir que Silvio Chamorro no revestía la calidad de delegado de personal al momento de ser despedido”, señaló el fallo.
