La crisis del sector textil sumó un nuevo caso. Planeta Agua S.A., la empresa propietaria de Class Life, solicitó el concurso preventivo de acreedores luego de acumular una deuda de más de $1580 millones y reconocer dificultades para afrontar sus compromisos financieros, fiscales y comerciales.
La compañía, fundada en 1985, busca renegociar sus obligaciones con bancos, proveedores y organismos recaudadores para intentar sostener la actividad. El expediente se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 17, a cargo de la jueza María Virginia Villarroel. Se fijó un cronograma que se extenderá hasta finales de 2027.
En la documentación presentada ante la Justicia, la firma atribuyó sus dificultades a la caída de la demanda interna y al ingreso de productos importados.
En el escrito, al que tuvo acceso TN, la empresa atribuyó la situación a la crisis que afecta al sector textil, caracterizada por una retracción del consumo interno y el ingreso de mercadería importada de países con menor carga impositiva, lo que, profundizó la compañía, genera una competencia en desventaja. Agregó que ese escenario derivó en un estado de iliquidez crítica e inestabilidad financiera.
Planeta Agua indicó que la cesación de pagos se manifestó con la caducidad de planes de facilidades de pago otorgados por ARCA, cuyos vencimientos estaban calzados con las ventas anuales esperadas. Señaló, además, que los inconvenientes financieros dificultan la continuidad de la empresa por falta de fondos para cubrir la totalidad de los costos operativos.
La Justicia, por su parte, le impuso a la empresa el depósito de $1.104.000 para gastos de correspondencia. También decretó la inhibición general de bienes para disponer y gravar bienes registrables. Finalmente el titular de la compañía, Alberto Pardo, no podrá ausentarse del país sin comunicación previa al juzgado y las ausencias superiores a 40 días requerirán autorización judicial.
El plazo para que los acreedores soliciten la verificación de sus créditos vence el 28 de diciembre de 2026. Las observaciones a las insinuaciones se podrán formular hasta el 19 de febrero de 2027, el informe individual de la sindicatura deberá presentarse el 20 de abril de 2027 y la resolución judicial sobre los créditos se dictará a más tardar el 26 de mayo de 2027.
Qué significa entrar en concurso preventivo
El concurso preventivo no significa que una empresa haya quebrado ni que vaya a dejar de existir automáticamente. Es un mecanismo judicial para ordenar una situación de endeudamiento y darle tiempo a la compañía para negociar sus deudas.
Una vez abierto el concurso, los acreedores que tengan créditos anteriores a la presentación deben presentarse en el expediente y acreditar sus acreencias. La Justicia designa un síndico que interviene en el proceso y analiza la información económica y financiera de la compañía. La legislación establece, además, la publicación de edictos para informar la apertura del concurso y convocar a los acreedores a verificar sus créditos.
Uno de los efectos más importantes es que los reclamos por deudas anteriores quedan sometidos al proceso concursal. La apertura del concurso produce, bajo las condiciones previstas por la ley, la suspensión del trámite de determinados juicios de contenido patrimonial iniciados por causas o títulos anteriores y concentra el tratamiento de esas acreencias en el proceso judicial.
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Esto no significa que las deudas desaparezcan. Lo que cambia es la forma en que serán discutidas y eventualmente pagadas.
Uno de los objetivos del concurso preventivo es permitir que la empresa continúe con su actividad mientras busca una solución para sus problemas financieros. La presentación judicial funciona, entonces, como un intento de ganar tiempo y ordenar una empresa que llegó a una situación límite.
Ahora esa estrategia se formalizó ante la Justicia. El objetivo es alcanzar un acuerdo con los acreedores que permita reestructurar las obligaciones y, al mismo tiempo, mantener viva a la empresa.
