El Gobierno nacional amplió la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que traspasa al sector privado la operación, el mantenimiento y la rehabilitación de rutas nacionales a cambio del cobro de peaje. Lo hizo a través del Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La norma habilita que caminos hoy administrados por el Estado pasen al régimen de concesión de la Ley 17.520.
En total, son 27 los tramos que podrán licitarse. Buenos Aires concentra buena parte de la lista. Allí quedaron incluidas la ruta 3, en el tramo que comparte con Chubut y Santa Cruz; la 22, junto con La Pampa; la 33; la 35, que también cruza La Pampa y Córdoba; la 228 y el acceso A0017.
La ruta 9 se sumó en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy. Del Litoral y el NEA entraron la 11, que atraviesa Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12, en Entre Ríos; la 14, entre Corrientes y Misiones, y la 16, en sus tramos de Santiago del Estero, Chaco y Salta. A eso se agregan las rutas 81 y 86 en Formosa, las 120, 121 y 122 en Corrientes, y la 89, entre Chaco y Santiago del Estero.
En la Patagonia figuran las rutas 25 y 26, ambas en Chubut, y la 237 en Neuquén. El listado se completa con la 34, entre Jujuy y Salta; la 38, en Córdoba y La Rioja; la 50, en Salta; la 60 y la 158, en Córdoba, y las 151 y 152, en La Pampa. Cada camino podrá integrar total o parcialmente los futuros corredores, siempre que esos sectores no estén ya concesionados.
La salvedad apunta a las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que ya habían aparecido en etapas anteriores del programa. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, será el encargado de armar los nuevos tramos a partir del anexo del decreto, con un informe técnico previo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La cartera de Caputo también elaborará los pliegos, convocará a licitaciones nacionales e internacionales, evaluará las ofertas y firmará los contratos.
Para los llamados, el decreto fijó un plazo de 12 meses desde su entrada en vigencia. Las empresas que resulten adjudicatarias podrán construir, explotar, reparar, ampliar y mantener los corredores, y además desarrollar actividades complementarias que les generen ingresos más allá del peaje. El control de esos contratos quedará en manos de la DNV, que actuará como autoridad de aplicación.
Según el Gobierno, la participación privada permitirá financiar obras y mantenimiento, mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y bajar los costos logísticos, sin comprometer recursos del Estado ni el equilibrio de las cuentas públicas. El programa se apoya en la Ley Bases, que amplió las facultades del Ejecutivo para otorgar concesiones y declaró sujeta a privatización a Corredores Viales S.A. De acuerdo con los antecedentes que cita el decreto, las etapas I, II, II-B y III ya fueron licitadas y adjudicadas, e incluyeron corredores como el Oriental, el Atlántico, el Mediterráneo, el Litoral y el Mesopotámico, entre otros.
