Martín Báez, el hijo mayor del empresario kirchnerista Lázaro Báez, fue condenado a tres años de prisión por su participación en el fraude con la obra pública de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La nueva condena fue unificada con otra sentencia firme de seis años y seis meses de prisión por lavado de dinero. Así, Martín Báez deberá cumplir una pena única de siete años y nueve meses de cárcel.
La decisión fue adoptada por el juez Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2, luego de homologar un acuerdo de juicio abreviado entre los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y las defensas de seis acusados.
La sentencia constituye un nuevo capítulo del caso Vialidad, en el que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
En esta oportunidad, el tribunal juzgó la participación de empresarios y exfuncionarios que no habían recibido sentencia en el primer tramo de la investigación.
Martín Báez fue considerado partícipe necesario de la maniobra que permitió direccionar contratos millonarios de obras viales hacia las empresas de su padre.
El hijo del empresario tuvo intervención en el funcionamiento de Austral Construcciones, Kank y Costilla y otras sociedades utilizadas para ejecutar los contratos adjudicados en Santa Cruz.
Según la acusación, participó en el esquema empresarial que permitió presentar ofertas, celebrar contratos y ejecutar obras públicas beneficiadas por el direccionamiento de las licitaciones.
Los fiscales Luciani y Mola sostuvieron que durante los gobiernos kirchneristas “se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”, mediante la manipulación de las contrataciones públicas.
También afirmaron que en ese mecanismo “se quebraron y se violentaron todos los principios esenciales” que regulan la contratación de obras públicas.
La investigación determinó que las empresas de Lázaro Báez recibieron un trato privilegiado para acceder a los fondos destinados a la construcción y reparación de rutas en Santa Cruz.
El esquema incluyó adjudicaciones irregulares, falta de controles, pagos cuestionados y beneficios económicos que perjudicaron al Estado nacional.
La sentencia original del caso Vialidad fue dictada el 6 de diciembre de 2022 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas.
Ahora, el tribunal extendió a Martín Báez y a los otros cinco condenados el decomiso de 684.990 millones de pesos, monto actualizado al 15 de julio de 2025.
El juez aclaró que no se trata de un nuevo decomiso que se suma al anterior, sino de extender a los nuevos condenados la obligación vinculada con el mismo perjuicio económico.
La forma en que deberá ejecutarse esa medida y el orden de responsabilidad de los condenados serán definidos posteriormente por el tribunal.
Además de la pena de prisión, Martín Báez recibió una multa equivalente a cinco veces el monto de la operación, accesorias legales y el pago de las costas judiciales.
La condena anterior del hijo de Lázaro Báez había sido dictada por el Tribunal Oral Federal 4 en una causa por lavado de activos agravado.
En ese expediente se investigaron las maniobras utilizadas para introducir en el circuito legal fondos de origen ilícito vinculados con el grupo empresario familiar.
El tribunal también condenó a Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, a tres años de prisión como partícipe necesario del fraude.
Como Mendoza ya tenía una condena firme de cinco años de prisión por lavado de dinero, el juez unificó ambas penas en cinco años y nueve meses de cárcel.
El magistrado mantuvo su detención domiciliaria, a pedido de la defensa y sin objeciones de la fiscalía. También le impuso una multa equivalente a tres veces el monto de la operación.
Los exfuncionarios de Vialidad Nacional Sergio Passacantando, Jorge Gregorutti y Carlos Alonso fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión en suspenso.
Los tres también recibieron una inhabilitación especial perpetua por su responsabilidad como autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, el empresario Fernando Butti recibió una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso como partícipe necesario.
Los cuatro condenados a penas en suspenso deberán fijar residencia y someterse al control de un patronato.
El acuerdo de juicio abreviado había sido presentado el 29 de abril por Luciani y Mola, con la conformidad de la Unidad de Información Financiera, representada por Mariano Galpern.
La participación de Martín Báez había sido investigada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien pidió su elevación a juicio el 12 de marzo de 2019.
Pollicita sostuvo que el hijo del empresario, junto con Mendoza y Butti, realizó aportes necesarios para concretar la maniobra fraudulenta mediante las empresas del grupo Báez.
La acusación también alcanzó a funcionarios nacionales que facilitaron el direccionamiento de las licitaciones, la distribución de fondos y la falta de controles sobre las obras.
Para los investigadores, el mecanismo comenzó con la incorporación de Lázaro Báez al negocio de la construcción vial y la llegada de funcionarios santacruceños a puestos estratégicos de Vialidad Nacional.
Desde esas posiciones se concentraron recursos presupuestarios en Santa Cruz y se favoreció sistemáticamente a las empresas del empresario cercano a Néstor Kirchner.
En su resolución, Basso recordó que durante el primer juicio se reconstruyeron las maniobras de direccionamiento de contratos, los beneficios obtenidos por las empresas y el perjuicio ocasionado al Estado.
El magistrado destacó que los seis acusados formaron parte de “un segundo tramo de un único proceso penal”, relacionado con la misma defraudación por la que fueron condenados Cristina Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad II.
También consideró que las pruebas reunidas durante el primer juicio, las acusaciones fiscales y los hechos admitidos por los imputados otorgaron especial solidez a la nueva sentencia.
En ese sentido, afirmó que esa coincidencia aportó una solidez probatoria que “excede la que habitualmente acompaña a una sentencia dictada por la vía del juicio abreviado”.
El expediente todavía tiene situaciones pendientes. Los exfuncionarios Sandro Férgola, Gustavo Gentili y Fernando Abrate continúan sometidos a juicio oral, mientras que Myriam Costilla obtuvo una suspensión del juicio a prueba.
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