La analista Eleonora Gosman explicó en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil los alcances de la reforma constitucional que impulsa Lula da Silva para crear un Ministerio de Seguridad Pública independiente en Brasil.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva impulsa una reforma constitucional para establecer un Ministerio de Seguridad Pública independiente, actualmente inexistente en Brasil, donde funciona el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La iniciativa apunta a fortalecer la coordinación nacional de las políticas de seguridad y combatir las organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Según explicó Eleonora Gosman en Ronda de Economistas (RDC), “lo que existe sí es el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública”. La propuesta busca modificar esa estructura institucional para otorgarle mayor autonomía y capacidad de intervención al área de seguridad.
La reforma de Lula y la autonomía de Brasil en materia de seguridad
La analista consideró que detrás del proyecto también existe una dimensión geopolítica vinculada a la relación de Brasil con Estados Unidos. En particular, mencionó la propuesta del expresidente Donald Trump de impulsar el denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional en materia de seguridad.
En ese contexto, sostuvo que la creación del nuevo organismo permitiría a Brasil conservar el control de sus propias políticas de seguridad. “Montar este ministerio significa justamente poner las vallas a cualquier iniciativa desde Estados Unidos que lo pretenda hacer ingresar en ese escudo”, afirmó.
El proyecto contempla incorporar bajo la órbita del nuevo ministerio organismos de inteligencia, agencias de información y la Policía Federal, además de otras secretarías que actualmente dependen del área de Justicia. Sin embargo, Gosman aclaró que la propuesta no busca concentrar todas las competencias de seguridad en el Gobierno federal.
“Trabajará a nivel nacional junto con los estados donde se verifique algún crimen del narcotráfico”, explicó. Y agregó que se trata de una estructura institucional que busca coordinar esfuerzos entre las autoridades nacionales y provinciales.
Lula y la discusión por la reducción de la edad de imputabilidad
Uno de los puntos más controvertidos del debate legislativo es la posibilidad de reducir la edad de responsabilidad penal para determinados delitos graves. Actualmente, el límite general en Brasil es de 18 años, pero Lula manifestó su disposición a modificarlo para casos específicos.
La propuesta del mandatario contempla establecer ese límite en los 16 años, una posición que representa un cambio respecto de la postura histórica del Partido de los Trabajadores (PT). Gosman explicó que “para el gobierno de Lula, para el PT, la idea era siempre no bajar la edad penal”, debido a que tradicionalmente consideraban que las conductas delictivas de niños y adolescentes estaban relacionadas con situaciones de vulnerabilidad social y familiar.
Sin embargo, la discusión tomó un nuevo rumbo. “Lula aceptó, pero solo para crímenes graves”, señaló. El principal conflicto político radica en que distintos sectores pretenden incorporar esta modificación dentro de la misma enmienda constitucional que crea el Ministerio de Seguridad Pública. “Lo quieren meter dentro de la enmienda esta de la Constitución para crear este ministerio. Ahí está el problema”, advirtió la analista.
Mientras Lula estaría dispuesto a reducir la edad a los 16 años para determinados delitos, los sectores de centroderecha y derecha plantean llevarla hasta los 14 años. De esta manera, el debate sobre la seguridad pública en Brasil excede la creación de un nuevo ministerio y abre una discusión política de fondo sobre el narcotráfico, las competencias del Estado y la responsabilidad penal de los adolescentes.
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